19 de enero de 2014
19.01.2014
HACE UNA DÉCADA

La expropiación imposible

Vázquez amenazó en 2004 con la compra forzosa por el Ayuntamiento de los terrenos de la fábrica de armas si General Dynamics decidía interrumpir su actividad en A Coruña

19.01.2014 | 11:38
Francisco Vázquez y Roberto Teixido, en el Ayuntamiento en el año 2005. / carlos pardellas

Los terrenos de la fábrica de armas son propiedad del Ministerio de Defensa, pero pese a esa circunstancia, Francisco Vázquez anunció en 2004 que los expropiaría si General Dynamics decidía dejar de producir en estas instalaciones

Los nubarrones que hoy se ciernen sobre la fábrica de armas coruñesa y que hacen concebir serias dudas acerca de su futuro eran ya visibles hace diez años, cuando la amenaza del cierre de la factoría llevó al entonces alcalde, Francisco Vázquez, a amenazar a la multinacional General Dynamics con expropiar los terrenos para dedicarlos a la construcción de viviendas en el caso de que decidiera abandonar su actividad en A Coruña.

En aquel momento, en los tribunales se dirimía el conflicto entre el Gobierno central y los trabajadores del grupo de armamento sobre la privatización de esta corporación industrial, que hasta 2011 había sido pública. Ante el riesgo de que la Justicia diera la razón a los empleados, General Dynamics advirtió de que cerraría sus fábricas en España, entre ellas las de A Coruña, lo que suscitó el temor de la plantilla. Durante una reunión con miembros del comité de empresa, el alcalde les informó de que la operación realizada recientemente con la fábrica de tabacos, en la que anunció la expropiación del complejo a la multinacional Altadis, era un "aviso a navegantes" que podría repetirse con la factoría de Pedralonga.

Tanto el regidor como los representantes sindicales coincidieron en que lo ideal sería trasladar la fábrica a un polígono industrial y que el suelo liberado se dedicase a viviendas. "¿Por qué no se van a construir pisos en una ciudad que adolece de suelo?", declaró entonces el presidente del comité de empresa de la fábrica, Roberto Teixido. Pero ambas partes no repararon en un dato significativo: los terrenos y las instalaciones de Santa Bárbara no pertenecían a General Dynamics, sino al Ministerio de Defensa, por lo que si el alcalde iniciaba una expropiación tendría que hacerlo contra la Administración del Estado, operación que resultaría imposible de acometer.

La estratégica ubicación de la fábrica en el municipio coruñés hizo concebir durante años la sospecha de que el interés en su cierre ocultaba una gran operación inmobiliaria de carácter especulativo. El temor a que la factoría cesase su actividad por este motivo llevó a que cuando llegó a la Alcaldía el Partido Popular modificase el proyecto de plan general de la ciudad para mantener el uso industrial de sus terrenos, que había sido alterado inicialmente al haber surgido una iniciativa para trasladar la fábrica al antiguo Parque de Automovilismo de A Grela.

El fracaso del traslado, provocado por el propio Gobierno local de Vázquez al acordar con Defensa la subasta de los terrenos del desaparecido cuartel de A Grela, hizo que la fábrica se viese obligada a permanecer en Pedralonga, por lo que el PP decidió garantizar que en esas instalaciones no se podrían construir viviendas para evitar el cierre del complejo industrial.

Fueron el BNG y la CIG quienes hicieron mención en 2004 a que los terrenos de la fábrica de armas no podían expropiarse porque no eran propiedad de General Dynamics, a quien además una medida de este tipo no causaría ningún perjuicio. Los nacionalistas acusaron a Francisco Vázquez de actuar "al servicio de las promotoras inmobiliarias", que a su juicio se verían beneficiadas por el cambio de uso de las parcelas de Santa Bárbara para que se construyeran viviendas, por lo que identificaban el proyecto de cambio de ubicación de la factoría como un peligro para sus supervivencia. "Cada vez que se habla de facilitar el traslado de la actividad a otros terrenos estamos asestando un duro golpe al mantenimiento de la fábrica de armas", afirmaban los ediles del Bloque, para quienes los "métodos" del entonces alcalde iban camino de convertir al Ayuntamiento "en una especie de gestoría al servicio de las promotoras".

También el diputado nacionalista Carlos Aymerich incidió en este aspecto. "Espero que Paco Vázquez no dé a esta fábrica el mismo trato que le dio a la fábrica de tabacos", manifestó en relación a que pese a la amenaza de la expropiación, que no llegó a llevarse a cabo, la factoría cerró y los empleos se perdieron.

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