Pablo Arangüena: "Apelar a razones humanitarias para justificar enchufes es de un cinismo agudo"

-En el momento en el que estén muy concretados los delitos y en qué territorio se cometieron lo que debería de hacer la juez es traer la causa, siempre y cuando no afecte a la instrucción porque son delitos conexos e interrelacionados. La estrategia de la defensa tiene su razón jurídica, pero hasta que no se levante el secreto de sumario no hay elementos para determinar qué tiene que venir. Me parece razonable la petición cuando se conozca qué delitos se han cometido en A Coruña y qué personas son sospechosas de cometerlos. Lo lógico es que separe la pieza y la traiga a A Coruña. Lo que no sabemos es si es el momento de traerla o si hay que esperar un poco. Si la juez no ha procedido a trocear la causa hay que pensar que tiene motivos para ello.

-¿Qué opina de los intentos de desacreditar a la juez?

-Me parece que el problema de corrupción que hay en este país no se soluciona a base de desacreditar a los jueces que la investigan. Forma parte de la estrategia de la defensa de los imputados que traten de sembrar dudas sobre la imparcialidad y la actuación de la juez instructora. Es normal desde el punto de vista de la estrategia de las defensas, ahora bien, es la juez la que dispone de todos los elementos de juicio para saber si las imputaciones son correctas. De la parte del sumario que conocemos se deduce que hay indicios de delito por parte de muchas personas y de muchos ayuntamientos. No me extraña que haya más de cien imputados. La imputación es una garantía, ya que supone que existen indicios de delito contra esa persona y se le da la capacidad de defenderse. La juez no imputa a tontas y a locas, si lo hace es porque hay indicios de delito.

-¿Las leyes son las adecuadas para combatir la corrupción?

-Hay un problema sistémico de corrupción en España. Es un problema generalizado. Por cada causa de corrupción que se abre en un juzgado hay una gran cantidad de casos que permanecen ocultos y que nunca llegan a juzgarse. Lo que vemos en los juzgados es una parte seguramente pequeña del iceberg que hay debajo. La legislación actual no es la más adecuada para combatir la corrupción. La ley de enjuiciamiento criminal procede de 1882 y los delitos de aquella época son completamente diferentes a los actuales.

-¿Los juzgados están preparados para actuar contra este tipo de delitos?

-No están preparados para llevar a cabo una investigación de corrupción o de alta delincuencia económica. No tienen medios ni procedimientos adecuados. Se lleva tiempo pidiendo una unidad de la Fiscalía Anticorrupción en Galicia, pero la Fiscalía Anticorrupción también está falta de medios y no es independiente. Además, se está atacando de forma grave la independencia judicial. El Gobierno está tratando por todos los cauces de menoscabar la independencia judicial. Nombra a sus afines en los órganos a los que van a ir los recursos de todos los procedimientos penales como son los tribunales superiores y el Supremo.

-¿Qué reformas del Código Penal serían necesarias?

-Habría que duplicar los plazos de prescripción; eliminar la posibilidad de indulto para delitos de corrupción; incrementar significativamente las penas de delitos relacionados con la corrupción; e implantar una transparencia total para todas las decisiones que afecten a los recursos públicos.

-¿Pedir que enchufen a alguien en una empresa es delito?

-En primer lugar, es una falta de ética clamorosa porque hay unos procedimientos para que se contrate a gente y los políticos no deben dedicarse a enchufar a sus afines aprovechándose de sus cargos. La conducta es reprobable. Y, desde el punto de vista penal, pude ser delictiva. No es lo mismo que un ciudadano le pida al responsable de una empresa al que conoce que meta a una persona de su entorno que un concejal, en este caso un teniente de alcalde, le pida a una empresa que es contratista de la administración que coloque a personas de su entorno. Puede perfectamente encajar en distintos tipos de cohecho o, en su caso, tráfico de influencias. Dependiendo de las circunstancias, claro que enchufar a alguien puede ser delito. Cabe presumir que si un contratista de la administración enchufa en su empresa a la persona que le indica un político no lo hace gratuitamente, sino a cambio de una contraprestación para que le den contratos en ese ayuntamiento o en otros.

-¿Son creíbles las "razones humanitarias" a las que apelan algunos políticos que solicitaron enchufar a determinadas personas?

-Apelar en la situación de crisis actual a razones humanitarias para justificar una practica manifiestamente falta de ética y potencialmente corrupta me parece de un cinismo agudo y creo que insultarla inteligencia de los ciudadanos.

-¿Los políticos imputados en la Pokemon deben dimitir o debe tenerse en cuenta la presunción de inocencia?

-Hay que esperar a que se levante el secreto de sumario y en ese momento habrá elementos de juicio para decidir si deben dimitir. Puede haber casos en los cuales la claridad de los hechos pueda llevar a los partidos a suspenderlos de militancia y otros casos más dudosos en los que se deba esperar a la acusación de la Fiscalía. Creo que todo político acusado debe dimitir. Si después en el juicio es absuelto, habría que revisar su situación.