Los empleados de la fábrica de armas coruñesa recibían, ayer hizo un año, la noticia del cierre definitivo de la factoría y el despido de los 177 empleados que trabajaban en las instalaciones. La dirección de Santa Bárbara Sistemas, empresa filial de General Dynamics, tomaba esta decisión en el marco de un ERE a nivel estatal del que A Coruña salía como la peor parada.

La multinacional achacaba el cierre al "alto absentismo laboral" y a los elevados costes de producción. Una justificación "falsa" para los trabajadores, que apuntaban a un calculado interés de la corporación por eliminar competidores en el mercado español como motivo del expediente.

A partir de entonces, se inició un largo camino de protestas y negociaciones en el que también se vieron gestos poco frecuentes, como la unidad de sindicatos y de todos los partidos de la Corporación local contra el ERE. Las manifestaciones y los encierros no lograron frenar el despido de los trabajadores ni el cierre de la planta, que el 28 de junio paró su actividad tras 76 años de producción ininterrumpida, pero sí lograron abrir una puerta a la esperanza de reactivar el complejo de nuevo.

El ERE, con todo, también tuvo, y sigue teniendo, recorrido en los despachos judiciales. La CIG, la CGT y el comité de empresa de A Coruña denunciaron ante la Audiencia Nacional el expediente de regulación, que en el conjunto del estado se saldó con un total de 600 despidos. A esta demanda, le acompañaron muchas otras particulares de los empleados despedidos. La Audiencia Nacional dio la razón a la empresa, si bien ahora el caso está en manos del Tribunal Supremo después de que los sindicatos hayan presentado un recurso de casación a la sentencia.

El proceso también abrió discrepancias entre los trabajadores. Buena parte de la plantilla aceptó las bajas incentivadas ofrecidas por la empresa -con un mejor indemnización-, frente al grupo de 61 operarios, vinculados a UGT, que optaron por echar un pulso hasta final para evitar el cierre del complejo. Los segundos entienden que los que firmaron los despidos no están legitimados a exigir ser reincorporados en igualdad de condiciones que ellos en el posible nuevo proyecto.

Ahora, los extrabajadores de la fábrica viven a la espera de que llegue un inversor. Tras intensas negociaciones y casi medio año de encierros, lograron, con el apoyo del Concello, que el Ministerio de Defensa accediese a convocar un concurso público para adjudicar un nuevo gestor a la factoría. Inicialmente previsto para finales de diciembre, tuvo que posponerse hasta finales de febrero, como consecuencia de un retraso en la programación del proceso de retrocesión, es decir, el adecentamiento de las instalaciones que debe realizar General Dynamics antes de abandonar la planta y devolverla a Defensa.

El expresidente del comité de empresa, Roberto Teijido, considera una "discriminación" a la ciudad que el concurso no pueda ser convocado antes de finalizar la retrocesión, "tal y como se hizo en Palencia". Con todo, asegura que las gestiones de General Dynamics para su salida "están yendo a buen ritmo" y confía que en las próximas semanas se pueda anunciar la apertura del concurso y comiencen a llegar las primeras ofertas.