El centro social 'okupado' de Palavea ha sido desalojado esta mañana bajo un importante despliegue policial. Decenas de agentes de la Policía Nacional y también efectivos de la Guardia Civil de Tráfico se han presentado a las 07.30h en las instalaciones 'okupadas' para proceder al desalojo forzoso del edificio, en el que solo había una persona, una activista, en el momento de la actuación policial.
El desalojo forzoso del centro 'okupado' llega cuando se cumple una semana y un día del vencimiento del plazo voluntario para desalojar las instalaciones. Una orden judicial decretada a principios de este mes señalaba el pasado lunes 17 de marzo como la fecha a partir de la cual se podría ejecutar el desalojo forzosoel pasado lunes 17 de marzo desalojo forzoso de las instalaciones, que se ha ejecutado finalmente esta mañana.
Tras desalojar al único ocupante que había en la casa a las 07.30h cuando se ha presentado la policía para ejecutar el desalojo forzoso, el despliegue policial se mantuvo durante casi tres horas y perros de la policía rastrearon las instalaciones sin que se hayan registrado incidentes ni altercados en ningún momento durante la intervención de los agentes para el desalojo de activistas.
El operativo policial se ha mantenido hasta pasadas las 10h, cuando los policías se retiraron después de que unos particulares colocaran una cadena en la puerta de entrada al recinto. La Guardia Civil de Tráfico permaneció en el lugar para regular el tráfico y prestar apoyo a la Policía Nacional hasta que concluyó la intervención.
'Okupado' desde el verano de 2011
El abandonado internado de las Oblatas fue ocupado en el verano del año 2011. El inmueble ruinoso era propiedad de NCG Inmobiliaria hasta que fue adquirido en 2012 por aproximadamente 1,5 millones de euros por un empresario de la comarca dispuesto a convertirlo en un geriátrico.
El establecimiento de este centro sociocultural okupa, ubicado frente a Alcampo, no ha sido rechazado por la comunidad vecinal. Los vecinos de Santa Gema destacaban en el año 2011, tras unas semanas de convivencia, que el convento estaba en situación de abandono y había sufrido múltiples robos y que los nuevos inquilinos habían acondicionado el edificio y su entorno sin causar molestias. Incluso llegaron a invitarlos a una comida.
En febrero pasado, la comunidad okupa explicaba que su desalojo estaba "momentáneamente paralizado" debido a un recurso de nulidad planteado en la Audiencia Provincial, pero reconociendo que esto le dejaría un margen máximo de unos dos meses para este "espacio abierto de auto gestión y el desarrollo de los movimientos sociales coruñeses".
