Solo unos pocos detalles separan a la fábrica de armas de su primer pretendiente oficial. El presidente del grupo gallego IFFE, David Carro, aseguró ayer que la compañía cuenta con una proyecto "competitivo" para la fábrica de armas y que cumple con los requisitos necesarios que se exigen para participar en el concurso público. Carro manifestó que la decisión de participar en la puja está simplemente pendiente de "algunos detalles de tipo técnico", relacionados con las colaboraciones futuras que pudiesen establecer en caso de resultar los adjudicatarios del complejo. "En todo caso, esto es algo que se cerrará en los próximos días", aclaró.

Las declaraciones de Carro llegaron ayer por la tarde, después de que, por la mañana, el consejero delegado de IFFE Business School, Manuel Carneiro, hubiera confirmado que el grupo se presentará definitivamente al concurso.

El pliego de condiciones del concurso exige como requisito para los solicitantes un capital social mínimo de 600.000 euros así como una "solvencia técnica", acreditada "en base a su experiencia y actividad realizada en los sectores del plan de negocio".

La otra empresa que en los últimos meses manifestó su interés por la planta, Hércules de Armamento, no ha visto con tan buenos ojos el anuncio del Gobierno central. El portavoz de la empresa, Juan José Gómez, aseguró a este diario la pasada semana que las condiciones que recoge el pliego "no son las esperadas" y que existen "contradicciones" que podrían poner en cuestión su participación en el proceso.

El grupo Expal, una de las empresas del sector armamentístico de mayor relevancia en España, que asumió la gestión de la fábrica de armas de Murcia en 2010 y que pujó por la planta de Palencia en 2012, confirmó ayer a este diario que no concurrirá al concurso por la factoría coruñesa, si bien que no descarta "establecer acuerdos de colaboración" con la empresa que finalmente resulte adjudicataria.

Los empleados de la fábrica de armas continúan con el encierro en unas casetas a las puertas del complejo industrial que no abandonarán, aseguran, hasta que se reactive la producción. El pliego de condiciones primará aquellas ofertas que contraten a un mayor número de trabajadores con contrato indefinido.

El sindicato nacionalista CIG exigió ayer en un comunicado que el nuevo proyecto industrial que gestione la fábrica contrate a los 172 empleados de A Coruña afectados por el ERE de General Dynamics, incluyendo los que aceptaron las prejubilaciones, los que firmaron los despidos voluntarios y los que fueron despedidos con la menor indemnización por no aceptar su salida. La central también exige que se reduzcan "al máximo" posible los plazos contemplados en el pliego y que las administraciones local, autonómica y central se impliquen en la búsqueda de un proyecto industrial que recupere la totalidad de los empleos destruidos. El sindicato recuerda también que siguen pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo en relación a un recurso de la CIG que solicita la nulidad del ERE.