El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña ha emitido al menos dos fallos favorables a los vecinos que solicitaban que la ayuda que les había concedido la Administración para hacer frente a los plazos de la hipoteca de compra de sus pisos de protección. En 2012, el Gobierno central las eliminó y ahora, la Justicia condena a la Xunta a prorrogar estas ayudas y a pagarlas a dos de sus beneficiarios. Contra esta decisión no cabe recurso.

En ambos casos, a los beneficiarios les había sido concedida una ayuda de 82 euros por cada 10.000 euros de préstamo. El magistrado condena a la Xunta porque entiende que fue ella la que "dictó la resolución que pone fin al procedimiento" y que es la encargada de ejecutar los pagos, independientemente del acuerdo que haya suscrito con el Ministerio de Fomento para conseguir los fondos para financiar estas subvenciones.

Solo en el barrio de Novo Mesoiro hay unos 300 afectados por la eliminación de estas ayudas. Desde que se crearon, en 2002, el número de subvenciones concedidas fue bajando hasta estancarse en un 63%, antes de ser retiradas, en 2012, pasando de 2.276 a 844- en toda la provincia a . Los planes de ayuda del Gobierno a la compra de pisos protegidos eran cuatrianuales y contaban con una cláusula que permitía a sus beneficiarios disfrutar de las subvenciones los cinco primeros años de pago y que renovasen, llegado este momento, por otro lustro más esta ayuda.

Con la extinción del programa, no solo se quedaron sin aportación los compradores que estaban en el segundo plazo -el de la ayuda renovada- sino también los que contaban con ella para los primeros cinco años de pago.

En la sentencia, el magistrado explica que la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, tiene que permitir no solo la renovación por cinco años de la ayuda demandada sino que tiene que hacer frente a los pagos adeudados a los reclamantes así como a los intereses generados en este periodo. El juez le impone también el pago de costas.

La plataforma de afectados por la retirada de la ayuda de la hipoteca en Novo Mesoiro solicitó el apoyo del Parlamento gallego para forzar al Gobierno central a volver a poner en marcha estas subvenciones, algo que el Ejecutivo ya adelantó que no ocurrirá.

Y es que el Gobierno formado por el Partido Popular entiende que con la caída de los tipos de interés que se aplican a los créditos hipotecarios, ya está "notablemente compensada" la eliminación de las ayudas que financiaba Fomento.

No lo entienden así los afectados de Novo Mesoiro que aseguran que, ahora, están haciendo frente a unos intereses superiores a los que marca el Euribor -el tipo europeo que se utiliza como referencia para marcar los intereses de los préstamos bancarios que se conceden a los beneficiarios de una hipoteca-. La plataforma denuncia también que, a consecuencia de la crisis, de la falta de empleo y de que las familias ya no cuentan con estos "80 o algo más de cien euros" con los que la Administración les ayudaba a sufragar los plazos de sus viviendas, hay en el barrio "pisos cerrados", "carteles de alquiler y venta" y hasta familias que, antes de ser desahuciadas, han decidido irse a vivir a otro lugar.

Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre los gastos en los hogares de A Coruña, cada familia se gasta de media algo más de 500 euros al mes sólo en hacer frente a las letras de la hipoteca.

El portavoz de Esquerda Unida-Os Verdes, César Santiso, denunció ayer la retirada de las ayudas a la compra de viviendas de precio protegido y aseguró que era un "nuevo atraco a las familias trabajadoras". Para Santiso, esta medida no es más que la muestra de que el Partido Popular gobierna para los "banqueros y los poderosos", ya que, según sus datos, el número de desahucios ha aumentado, cuando menos, en A Coruña.

"Como consecuencia de esta situación, muchas familias se ven privadas de una ayuda de entre 80 y 100 euros", explica Santiso, que puntualiza que los compradores "tienen la obligación" de mantener los contratos hipotecarios que firmaron con las entidades financieras que les concedieron los créditos para sus viviendas, aún cuando sus condiciones son "peores".