La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas todavía no ha tomado una decisión acerca de las sentencias emitidas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña que le obliga a abonar las ayudas estatales que dejó de proporcionar a dos personas para pagar las hipotecas de sus viviendasayudas estataleshipotecas de sus viviendas. El departamento autonómico explica que los servicios jurídicos de la Xunta todavía están estudiando las consecuencias de esos fallos, puesto que hay otros 10 que desestiman las demandas presentadas por los afectados.

La consellería detalla que esas sentencias a su favor fueron dictadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 1, 3 y 4 de A Coruña y por el número 2 de Pontevedra. La eliminación de las ayudas para el pago de la hipoteca, creadas en 2002 y suprimidas en 2012, tiene una especial incidencia en el barrio coruñés de Novo Mesoiro, donde existen alrededor de 300 propietarios perjudicados por esta decisión del Gobierno central.

Las subvenciones se concedían durante los cinco primeros años de pago de la hipoteca y podían renovarse por el mismo periodo, por lo que las sentencias del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 condenan también a la Xunta a prorrogarlas. Los fallos judiciales se dirigen contra esta administración y no contra la central porque fue la autonómica la que dictó la resolución que puso fin a las ayudas.

El conocimiento de estas sentencias llevó ayer al BNG a reclamar una "solución política" para este problema al entender que fue generado por una "decisión política injusta". Los nacionalistas estimaron que la Xunta debe hacerse cargo ahora de los pagos a los afectados porque aceptó "sin replicar una norma que era claramente injusta" y recordaron que el PP rechazó en el Parlamento gallego y el Congreso de los Diputados las iniciativas del BNG para que estas subvenciones fueran recuperadas. El grupo municipal de Esquerda Unida animó por su parte a los afectados a reclamar al Ayuntamiento las ayudas que concede para situaciones de emergencia social, con el fin de poder hacer frente al pago de estas hipotecas.