El grupo municipal del BNG destaca que ayer entró en vigor la ley que prohíbe que a los funcionarios procedentes de otras administraciones se les adjudique un puesto por libre designación. A partir de ahora, en el caso de ser cesados deberán volver a sus administraciones de procedencia. Los nacionalistas acusan al Gobierno municipal de "echar mal las cuentas", ya que a última hora, justo antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, consolidó a cinco altos cargos que el PP trajo al Ayuntamiento de A Coruña procedentes de otras administraciones. Ese personal podrá quedarse de por vida en el Concello, algo que no permite la nueva ley.
El grupo de la oposición destaca que si el Ejecutivo municipal no hubiese ejecutado los cinco nombramientos la semana pasada, funcionarios como la nueva jefa de servicio de personal, Mónica Iglesias -imputada en la operación Pokemon-, o la nueva jefa de Empleo y Empresa, que es vicesecretaria del PP en A Coruña, Pilar Fernández Maroño, no tendrían sus puestos garantizados en el Concello de A Coruña. Señalan que el Gobierno de Carlos Negreira apuró los nombramientos para evitar que les afectase la nueva ley, que provocaría que los funcionarios afines al PP pudiesen ser enviados a sus puestos de origen en otras administraciones.
