Cinco altos cargos del Concello fichados por el Gobierno popular procedentes de otras administraciones se podrán quedar en el Ayuntamiento como funcionarios de alto rango aunque sean destituidos. Ocurre porque su nombramiento de libre designación, sin un concurso con baremos objetivos, se hizo antes de la entrada en vigor, en el día de ayer, de una ley que los devolvería a sus puestos de origen fuera del Ayuntamiento coruñés en caso de ser destituidos. La Junta de Personal, que presentará un recurso ante la Justicia en contra de la consolidación de estos puestos, alega que se puede estar produciendo un incremento de plantilla no autorizado, en un tiempo en el que las normas de constricción del gasto público han vetado la convocatoria de oposiciones y la apertura de plazas nuevas en los últimos años. El PP defiende la legalidad del sistema y añade que ya fue empleado por ejecutivos anteriores.
El Concello convocó en el último mes la ocupación de once vacantes por libre designación, siete en una primera tanda y otras cuatro dos semanas después. De los siete primeros, seis de ellos ya estaban cubiertos por sus nuevos propietarios de forma provisional.
Cinco corresponden a funcionarios procedentes de otras administraciones, tres habilitados nacionales. La nueva jefa de Servicio de Movilidad fue secretaria-interventora de varios municipios gallegos, el último el de Pedrafita; el nuevo responsable de Gestión Tributaria fue interventor-tesorero en A Pobra; y la nueva jefa de Personal, interventora en Burela. Esta última es Mónica Iglesias, que llegó a A Coruña para encargarse de los Museos Científicos y que en la actualidad está imputada en el marco de la operación Pokemon.
El servicio de Control Financiero es para un técnico importado de la Xunta de Galicia. Es otro de los cargos en el que los sindicatos han puesto sus miradas puesto que su nuevo puesto es de jefe de departamento (no de jefe de servicio como el resto), del que la jurisprudencia señala que no puede ser ocupado por libre designación, según alegan fuentes de la plantilla municipal.
La quinta proviene del Concello de Arteixo y será responsable de Empleo y Empresa. Pilar Fernández Maroño es la única que aún no estaba incorporada a las filas municipales. Tiene cargo en el PP coruñés, como vicesecretaria de Bienestar y Familia de la junta local. Tomará posesión de una plaza de alto cargo (complemento de remuneración 28) procedente del Concello de Arteixo (PP), donde en febrero se le asignó a través de una promoción interna una plaza de técnico de Administración general (complemento de destino 22).
A estas cinco personas, en el caso de ser relevadas de sus cargos, por ejemplo, con un cambio de gobierno, habrá que buscarles un puesto de la misma categoría dentro del mismo Ayuntamiento coruñés. Es posible porque su nombramiento a dedo se formalizó el pasado día 11, antes de la entrada en vigor, justo en el día de ayer, de la nueva Ley de Racionalización del Sector Público.
Según esta nueva normativa, los siguientes cargos nombrados por libre designación fichados de otras administraciones ya no se quedarían como funcionarios y tendrían que regresar a sus plazas de origen como habilitados nacionales o técnicos de otras administraciones. Será así con quienes finalmente ocupen las jefaturas de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Planeamiento y Gestión del Suelo, Informática Municipal y Museos Científicos, todavía no formalizadas.
La Junta de Personal ha anunciado que presentará un recurso en el Contencioso contra la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por el Ejecutivo, como paso previo a que personal de otras administraciones ajenas a la municipal puedan ocupar cargos directivos en el Concello bajo designación arbitraria del Gobierno del PP. Los cuatro sindicatos con representación en la junta alegan dudas sobre esta medida, que podría producir un incremento no autorizado de la plantilla y sobre si la compatibilidad de los habilitados nacionales con labores de tipo ejecutivo en la Administración local.
