Dos de los siete imputados en el marco de la 'Operación Zeta', una supuesta trama en la que están implicadas asociaciones de autónomos y otras entidades para hacerse con subvenciones de la Administración pública a cambio de impartir supuestos cursos, han reivindicado su "inocencia", tras levantarse el secreto del sumario la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.
En declaraciones a Europa Press, el empresario coruñés Gerardo Crespo, vinculado, entre otras, a la empresa de consultoría y formación Azetanet, se ha congratulado de que, tras dos años y medio de secreto de sumario, le dejen "defenderse".
En la misma línea, se ha pronunciado su letrado, José Ramón Sierra, quien ha insistido en que su cliente es "inocente" y que, tras entrar su empresa en concurso de acreedores, "está arruinado y con las cuentas embargadas".
"Conciencia muy tranquila"
Por su parte, el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello, ha manifestado tener "la conciencia muy tranquila".
"Esto no le gusta a nadie", ha admitido Pérez Bello, quien ha vinculado su imputación con su etapa como secretario en la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype) y ha negado que guarde relación con la actividad de Feaga.
Junto a ellos, están citados a declarar, como imputados, a partir del mes de febrero, el presidente de Caype, Eliseo Calviño, y otras cuatro personas, tres de ellas serían empleadas de empresas de Gerardo Crespo, (M.O.N., M.G.R. y S.L.O.) y una cuarta persona, J.L.F.A, que estaría vinculada también con Feaga.
Detenciones
En relación a este caso, la Policía Nacional informó este miércoles de que, en el marco de esta investigación, fueron detenidas siete personas en Galicia, si bien ya declararon en sede policial un total de 61, de las cuales 22 son residentes de fuera de Galicia.
De hecho, por ests subvenciones, compareció ante la Policía el que fuera director xeral de Traballo de la Consellería que dirige Beatriz Mato, Odilo Martiñá, quien presentó su dimisión "a petición propia" a finales de septiembre. Sin embargo, no figura como los imputados por el juzgado.
La investigación de la supuesta trama para hacerse con subvenciones de forma irregular se inició en diciembre de 2011, cuando se incoaron diligencias a raíz de dos testificales prestadas por dos empleadas de Caype, que también aportaron documentación.
En concreto, se abrió por la presunta comisión de un delito continuado de fraude de subvenciones y/o estafa, malversación de caudales públicos y otros delitos conexos.
