Los mensajes, llamadas y correos electrónicos intervenidos por la Policía Judicial revelan la estrecha relación que mantenía Gerardo Crespo, el presunto cabecilla de la trama de fraude de subvenciones, con políticos y altos cargos del PP en el Ayuntamiento, la Diputación, la Xunta e, incluso, en el Gobierno. En el sumario de la operación Zeta, que comenzó a finales de 2011, figuran intercambios de mensajes entre Crespo y la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato; y el alcalde, Carlos Negreira. Los investigadores consideran acreditado que el empresario implicado en la organización sospechosa de defraudar alrededor de 20 millones de euros en ayudas públicas, mantenía "relaciones permanentes" con "políticos y funcionarios, especialmente relacionados con las subvenciones y/o adjudicaciones de las que su grupo podía ser y era destinatario".
Los agentes de la unidad especializada en delitos relacionados con el fraude fiscal sostienen en uno de sus informes que Crespo remitía "opiniones al Partido Popular" a través del entonces senador José Manuel Romay Beccaría, actual presidente del Consejo de Estado. El imputado, según la policía, informaba a Beccaría, histórico del PP coruñés y mentor de Negreira y Feijóo, sobre los concursos a los que se iba a presentar una de sus empresas, Gecreri. Los funcionarios incluyen en el sumario del caso, que supera los 12.000 folios, los correos electrónicos que se intercambiaba Crespo con el dirigente popular. "Querido Gerardo, recibí el correo y he trasladado el asunto a Diego Calvo [presidente de la Diputación de A Coruña]. Un abrazo", escribe el presidente del Consejo de Estado, quien le envía otro mensaje para informarle de que el concurso convocado por el ente provincial en el que Crespo está interesado se encuentra "en fase de cierre". No obstante, añade: "Si tienes alguna sugerencia, mándamela por esta vía con una nota".
La compañía Gecreri, dirigida por el imputado, fue finalmente la adjudicataria, por importe de 190.000 euros, del concurso para desarrollar el programa de talleres de empleo, financiado con fondos de la Unión Europea. El contrato fue firmado el 7 de diciembre de 2011 entre el presidente del ente provincial, Diego Calvo, y una representante de Gecreri, Margarita Ordóñez Novo, imputada en la operación Zeta, al igual que otras dos trabajadoras relacionadas con empresas de Crespo, Mercedes García Rodríguez y Susana López Otero. Desde la entidad presidida por Calvo defienden que la consecución de la subvención por parte de Crespo se ajustó a la legalidad. "Romay nunca habló aquí de ese tema", indicó ayer una representante del ente público, al tiempo que subrayó que la oferta presentada por el empresario fue la más barata, ya que rebajó "en un 40%" el precio inicial de licitación. Al concurso, según informó la Diputación, concurrieron 15 empresas, y la oferta de Gecreri, que se comprometió a ejecutar el programa por 190.000 euros, fue la más ventajosa para la Administración, según la versión que ofreció ayer. La portavoz de la entidad supramunicipal también destacó que el programa, denominado Rede Xiana, fue "auditado" por la Intervención General del Estado.
"Amaño" en la Xunta
El concurso de la Diputación no es el único que está sobre el punto de mira de la investigación, dirigida por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, María Jesús García. La Policía Judicial concluye que el sumario evidencia el "amaño desde un inicio" de al menos dos adjudicaciones públicas de la Xunta por importes de 58.056 y 64.800 euros. La encargada administrativa de la preparación de los pliegos de condiciones que deberían cumplir las empresas que se presentasen a los concursos de la Escuela Gallega de Consumo, dependiente de la Xunta, le pide en un correo a empleadas de Azetanet, la consultoría de Crespo, que revisen las condiciones que exigirá la Administración para que después ella pueda "enfocar" el pliego. La responsable del Gobierno autonómico, según indica la Policía Judicial, se reunió con una trabajadora de la empresa del imputado para acordar "las mejoras que debería presentar la compañía para ser adjudicataria". Uno de los mensajes, según destacan los investigadores, descubre que la directora técnica de la Escuela Gallega de Consumo "pactó" la adjudicación con Crespo.
"Hay que llamar a Esther para decirle si nos presentamos y también para saber si presentamos nosotros a las tres empresas (lo va a consultar)", informa en un correo una empleada de Crespo. El informe del 091 especifica que Esther es la directora técnica de la Escuela Gallega de Consumo. Gecreri, la compañía del imputado, fue la adjudicataria de la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del servicio de realización de actuaciones de carácter formativo y divulgativo de la escuela de consumo de la Xunta. Los contratos se firmaron en febrero de 2011, por 58.056 euros; y en febrero de 2012, por 64.800 euros. El modus operandi fue el mismo: la Administración convocó los concursos con procedimientos negociados sin publicidad, una fórmula que le permite invitar a tres empresas y contratar a la que considere que presenta la oferta más rentable. En estos dos casos, optaron al certamen una compañía de Crespo y otras dos empresas vinculadas con clientes de su grupo para darle "cobertura", según los investigadores.
