El presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el máximo responsable del PP en la provincia de A Coruña y alcalde de la ciudad, Carlos Negreira, negaron ayer los pagos a su partido registrados en la caja B del empresario coruñés Gerardo Crespopagos caja B del empresario coruñés Gerardo Crespo, imputado en la presunta trama -investigada en la denominada operación 'Zeta'- sospechosa de defraudar alrededor de 20 millones en subvenciones destinadas a cursos de formación, la mayoría procedentes de la Consellería de Traballo.

Feijóo aseguró no tener "constancia directa ni indirecta" de los pagos por importe de 17.000 euros al PP que figuran en la contabilidad de Crespo decomisada por los agentes de la Policía Judicial en el registro de sus empresas. El presidente de la Xunta evitó ayer hacer más declaraciones referentes a "esa cuestión" y remitió a los periodistas a los testimonios ofrecidos por representantes del PP en A Coruña.

"Nosotros solo tenemos una contabilidad, que es la contabilidad oficial, y es la que está auditada por el Tribunal de Cuentascontabilidadcontabilidad oficial. Por tanto, a esa me remito y en esa no aparece absolutamente nada", respondió ayer Negreira, al tiempo que matizó que no iba "a especular sobre nada más" porque los "apuntes" están realizados "por unas personas que están imputadas". El regidor, que intercambiaba mensajes con Crespo, según consta en el sumario, recalcó que tiene "toda la credibilidad en la contabilidad oficial auditada".

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exigió a la Xunta "información y transparencia". El socialista aseveró que "la preocupación de los ciudadanos de España no está en la contabilidad A del Partido Popular, sino que viene por que pueda existir una contabilidad B". El BNG reclama que se abra una investigación en el Parlamento gallego, mientras que el líder municipal de Esquerda Unida-Os Verdes, César Santiso, pide a Negreira que explique "cómo no podía tener constancia" de los pagos de Crespo. "El alcalde utiliza disculpas de mal pagador. Miente porque tenía que estar al tanto de toda la trama", subraya.

El presidente del Ejecutivo gallego se comprometió a remitir a Fiscalía la información sobre presuntas irregularidades de la que tenga constancia, "afecte a un director general, a dos, a varios... a quien afecte". La contabilidad no oficial de Crespo descubierta por la Policía Judicial refleja, además de las aportaciones al PP, pagos al exdirector xeral de Traballo, Odilo MartiñáPPexdirector xeral de Traballo, Odilo Martiñá, por importe de 5.700 euros. Martiñá, que fue nombrado por el PP, dimitió el pasado septiembre, el día antes de ser citado por el 091 para declarar en el cuartel de Lonzas. Los agentes, además, sostienen que los archivos informáticos que examinaron prueban que Crespo tenía a sueldo al exdirector xeralCrespo tenía a sueldo al exdirector xeral, al que abonó 300 euros mensuales desde 2006 hasta mayo de 2009, lo que sumaría "una cantidad cercana a los 18.000 euros".

Otro alto cargo del PP implicado en la trama, Luis Alberto Álvarez Freijido, figura como receptor de 8.000 euros de la caja B del empresario cuando ejercía de jefe territorial de Traballo. Hasta el miércoles ocupaba un puesto de director en la Diputación. Álvarez Freijido presentó su dimisión hace dos díasÁlvarez Freijido presentó su dimisión. El PP cesó a otro jefe de servicio de la Xunta en cuanto tuvo conocimiento de su implicación en el caso. Joaquín Vila Sampayo recibió, según las cuentas de Crespo, regalos por importe de 922 euros.

"Presuntos colaboradores, incluso perceptores, ya en el anterior gobierno bipartito y en el actual, tendrán que dar explicaciones", sentenció Feijóo, que se jactó de que fue él quien decidió "poner en manos de la Fiscalía" las presuntas irregularidades descubiertas por el Gobierno gallego en las empresas que recibían ayudas públicas. La investigación policial comenzó a finales de 2011 y la Xunta no denunció los hechos hasta marzo de 2012.

El presidente del Ejecutivo autonómico también presumió de haber decidido "cortar todo tipo de contrato" con el grupo empresarial en cuanto percibió anomalías. El sumario refleja que la Xunta adjudicó un contrato a Crespo "amañado", según los investigadores, a finales de febrero de 2012, unos días antes de acudir a Fiscalía a denunciar las irregularidades detectadas. Entonces la Policía Judicial ya le seguía la pista al empresario imputado.