El levantamiento del secreto de sumario de la operación Zeta, bajo llave desde que comenzó a finales de 2011, abrió la caja de Pandora. Los más de 12.000 folios de la investigación, que permanece abierta, revelaron conversaciones, correos electrónicos y mensajes que evidencian la estrecha relación que mantenía uno de los principales imputados en la trama de fraude de subvenciones para cursos, el empresario Gerardo Crespo, con políticos y altos cargos, sobre todo del PP.
Y no solo eso, en la contabilidad de la que se incautó la Policía Judicial figura una caja B en la que hay registrados pagos al PP por importe de 17.000 euros y a tres responsables de la Xunta designados por los populares -dos dimitieron y uno fue cesado-. Feijóo y Negreira negaron que Crespo aportase dinero negro a su partido, del que el empresario es afiliado. A continuación, se detallan algunos de los datos del caso.
E¿Cuándo empezó la investigación? La causa judicial se abrió entre septiembre y octubre de 2011 a raíz de informaciones de testigos puestas en conocimiento de la policía. La Xunta denunció ante Fiscalía que detectó irregularidades en los cursos el 30 de marzo de 2012, cinco meses después del inicio de la investigación. Un año después de detectar irregularidades, Traballo concedió una subvención de 100.000 euros a Azetanet, la consultoría de Crespo. En junio de 2012 la operación, hasta ese momento secreta, sale a la luz pública con el registro de las sedes de las empresas de Crespo. La instrucción sigue en marcha. Los siete imputados fueron citados a declarar ante la juez el próximo febrero.
E¿Quiénes son los imputados? Gerardo Crespo, dirigente de 11 empresas, siete asociaciones, muchas de discapacitados, y vinculado a cuatro entidades; Eliseo Calviño, presidente y fundador de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, fue presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña; Francisco Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga); José Luis Fraga Ameneiros, director de la Feria de Autónomos de Galicia; y tres responsables de entidades de Crespo -Margarita Ordóñez Novo, Mercedes García Rodríguez y Susana López Otero-.
E¿Qué concluye la policía? Para los investigadores, dirigentes de asociaciones, empresarios, profesionales y "responsables públicos" formaban parte de un "complejo entramado delictivo", cuyo epicentro era A Coruña, para apoderarse de subvenciones, principalmente destinadas a cursos de formación y a la inserción laboral de parados y discapacitados. Los implicados actuaban "de forma coordinada" para conseguir que los concursos públicos fuesen amañados para ser los adjudicatarios de las subvenciones. En otras ocasiones falseaban los requisitos exigidos por las administraciones para que les otorgasen las ayudas. Una vez que se hacían con ellas, se las repartían e incorporaban a sus patrimonios. Los implicados, según el sumario, cobraban sueldos "de altos directivos". Parte del dinero, según el 091, lo dedicaban a hacer pagos y regalos a políticos y altos cargos. Crespo, según consta en la contabilidad que se le intervino, incluso tenía a nómina -300 euros al mes- al exdirector xeral de Traballo, designado por el PP, que dimitió. La policía también sospecha que un porcentaje de las subvenciones se destinaba para pagos en B al PP.
E¿A cuánto asciende el fraude? Los investigadores estiman que las entidades investigadas recibieron unos 20 millones en subvenciones entre 2008 y 2012, la mayoría -15 millones- procedentes de la Consellería de Traballo e Benestar. Las empresas y asociaciones operaban desde hacía años y también recibieron ayudas públicas de los gobiernos bipartitos, tanto de la Xunta como del Ayuntamiento. Esos contratos, que fueron firmados hace años, no están siendo investigados. En el sumario también constan mensajes enviados por Crespo en los que solicita ayuda a los socialistas Pachi Vázquez y Ricardo Varela a la hora de conseguir subvenciones ante el Ejecutivo autonómico y el Estado cuando gobernaba el PSOE. En el sumario no consta que ambos respondieran a Crespo.
E¿Había controles sobre las subvenciones? El sumario revela que no. Los responsables públicos, según los investigadores, hacían "la vista gorda en las actividades inspectoras o de control de las subvenciones otorgadas". Crespo, según los agentes, contó con la "colaboración y protección" de altos cargos de las administraciones y de políticos. El empresario coruñés, según demuestran las intervenciones telefónicas, se desespera cuando la Xunta, una vez abierta la investigación policial, comienza a realizarle controles. Hasta ese momento, según admite el imputado en una conversación telefónica, "nunca" le habían molestado.
E¿Cómo operaban las entidades investigadas? Tan solo algunas de las compañías y asociaciones tenían actividad. Otras, ya nacían para formar parte del "chiringuito", como lo denomina la policía, y su único objetivo era "cazar subvenciones". No tenían ni un solo asociado. También carecían de empleados. Pero, para darles apariencia legal, los imputados compraban listados de autónomos para hacerlos pasar como afiliados. De esta forma, hacían creer a las administraciones que sus asociaciones eran representativas. Crespo y sus empleadas, según los agentes, "amoldaban" gastos y beneficios a su antojo del entramado de compañías y fundaciones del grupo. Para él, los negocios y las asociaciones sin ánimo de lucro funcionaban igual. Las empresas de la trama, según consta en el sumario, emitían facturas a las fundaciones, dirigidas por los mismos que las empresas, para justificar con gastos las ayudas públicas que recibían. "Todo son sociedades vinculadas por todas partes", admite Crespo en una conversación, al tiempo que reconoce su preocupación porque actúe la Fiscalía.
E¿Cuáles son los principales "amaños" detectados por la policía? Los agentes sostienen que la Xunta amañó, al menos, dos concursos de la Escuela Gallega de Consumo. También destacan que el histórico miembro del PP coruñés y actual Presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, medió para que Crespo consiguiese un contrato de la Diputación por importe de 190.000 euros. El ente alegó que su oferta era la más ventajosa por ser la más barata. En cuanto al Ayuntamiento, la policía concluye que "tras las presiones de Crespo" a una asesora del alcalde, "se dio orden para que Cultura volviese a invitar a sus empresas a los procedimientos de negociación".
E¿Ha habido dimisiones? Dos altos cargos de la Xunta con el PP dimitieron y otro responsable de la consellería fue cesado. Ninguno está imputado. El director xeral de Traballo, Odilo Martiñá, recibió 5.700 euros de la caja B de Crespo, según el sumario del caso, que revela que el empresario le abonaba un sueldo de 300 euros al mes. Martiñá dimitió en septiembre, la víspera del día en que debía acudir a declarar en el cuartel de Lonzas como testigo tras ser citado por el 091. Otro alto cargo del PP implicado, Luis Alberto Álvarez Freijido, figura como receptor de 8.000 euros de la caja B del empresario cuando ejercía de jefe territorial de Traballo e Benestar. Hasta el miércoles ocupaba un puesto de director en la Diputación. Álvarez Freijido presentó su dimisión esta semana. El PP cesó a Joaquín Vila Sampayo, jefe de servicio de la Xunta, en cuanto conoció su implicación en el caso. Vila Sampayo recibió, según las cuentas de Crespo, regalos por valor de 922 euros.
E¿Dónde está el dinero? El presunto cabecilla de la trama, según los informes que constan en la documentación remitida por la policía al Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, tenía un patrimonio que superaba los cuatro millones de euros. Sus gastos fijos mensuales, entre los que los agentes enumeran el pago de hipotecas o colegios, superaban los 5.000 euros. Crespo se declaró el pasado mes de septiembre en concurso voluntario junto con su mujer. Un juzgado resolvió que ambos conserven las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero sometidos a la intervención del administrador concursal. El presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, también imputado, ingresaba un sueldo de 4.500 euros al mes -6.260 brutos-, según consta en la causa.
E¿Con quién se relacionaba Crespo? El sumario incluye conversaciones del empresario con los otros seis imputados, además de con funcionarios, altos cargos y políticos, entre ellos el alcalde, Carlos Negreira. El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Héctor Cañete, vinculado al PP, también mantiene relaciones con Crespo, al igual que el presidente de la Federación de Vecinos Salvador de Madariaga, Juan Sáenz-Chas. Ambos constan como receptores de pagos de la caja B.
