La contable de Azetanet, la consultoría de Gerardo Crespo sobre la que gira la presunta trama de fraude de subvenciones en cursos, admitió en la declaración que prestó ante la Policía Nacional que el empresario le pidió en dos ocasiones que retirase dinero de la caja B, que estaba en un cajón de su mesa de trabajo, para hacer "dos sobres" destinados al Partido Popular. La versión de Susana López confirma los datos localizados por los agentes durante el registro a las compañías del grupo. Entre la documentación decomisada, hallaron apuntes de la contabilidad B de Crespo en los que figuraban dos pagos al PP, uno de 2.000 euros, en abril de 2011; y, el otro, de 15.000, en noviembre de 2011.apuntes de la contabilidad B de Crespodos pagos al PP
La empleada del presunto cabecilla de la trama, que también está imputada, confesó a los investigadores que hacía anotaciones de pagos en B a "determinadas personas y funcionarios" que le indicaba Crespo, entre los que recordó al exdirector xeral de Traballo, Odilo Martiñá; al exjefe territorial de Traballo, Luis Alberto Álvarez Freijido; y al representante vecinal Juan Sáenz-Chas. Además, sostuvo que su jefe le abonaba "una cantidad periódica" a Patxi Lucas, un empresario madrileño que, según la policía, conseguía que el PP adjudicase subvenciones millonarias al grupo empresarial de Crespo. Ese pago era "prioritario" para su jefe.
La contable recalcó que en Azetanet "todo se comunicaba" a Crespo. Las facturas, según su testimonio, se realizaban "a conveniencia" de su jefe, según le "interesara", entre las compañías y fundaciones que dirigía, algunas de las cuales ni siquiera tenían trabajadores. La Policía Judicial constató que el imputado gestionaba las entidades sin ánimo de lucro que dirigía "como si fuesen mercantiles". Los agentes, además, aseguran que emitía facturas infladas para justificar gastos ante las administraciones que les concedían subvenciones.
La contable también relató que Crespo era "perfectamente conocedor" de que las ayudas públicas que le otorgaban a sus asociaciones sin ánimo de lucro para cursos no podían ser ejecutadas por sus empresas mercantiles. Azetanet, según su versión, realizaba "devoluciones o retornos en metálico y a través de contrafacturas" a sus clientes, entre los que figuran desde el sindicato USO hasta colectivos relacionados con funerarias, autoescuelas, hostelería o clínicas privadas. Los conceptos incluidos en las facturas de devolución a las entidades que subcontrataban a Azetanet eran "falsos", según la imputada, quien reconoció que llevaba sobres a quien Crespo le ordenara. En una ocasión entregó uno en la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype) a la atención de su presidente, Eliseo Calviño. Tanto la asociación de hostelería como el sindicato USO, según su testimonio, recibían dinero en efectivo.
De las siete personas que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña imputó en la operación Zeta solo cuatro prestaron declaración en el cuartel de la Policía Nacional de Lonzas. Crespo se negó a ofrecer su versión de los hechos a los agentes, al igual que Eliseo Calviño y Margarita Ordóñez, una empleada del presunto cabecilla de la organización. Una comercial de la consultoría Azetanet, empresa sobre la que gira gran parte de la trama, alegó que "en el mundo de la formación" todas las asesorías "ofrecen devoluciones o retornos a los clientes". Esta imputada, María Mercedes García, manifestó no recordar si Crespo le pidió que gestionase ofertas de empresas "amigas" para que se presentasen a concursos públicos para darles apariencia de legalidad cuando ya estaban amañados para que el grupo empresarial investigado fuese el adjudicatario.
El funcionamiento de la organización dedicada presuntamente a defraudar subvenciones para cursos era sencillo, según los investigadores: asociaciones y fundaciones cobraban ayudas públicas para poner en marcha planes de formación. Para ejecutarlos, subcontrataban a empresas de Crespo, presunto cabecilla de la trama, con el que pactaban un porcentaje de devolución. Es decir, las entidades, según la policía, contrataban a compañías del imputado a cambio de que les devolviese un porcentaje de la subvención, entre un 10% y un 30%.
Algunas clases ni se impartían, ya que el objetivo de Crespo, según la Policía Nacional, era enriquecerse. En otros, los cursos se hacían, pero con muchos menos medios de los que exigían las administraciones, ya que el dinero se quedaba por el camino. La operativa, según destaca la Policía Judicial, incluía el pago de dinero "en sobres", tanto a las empresas que subcontrataban a Crespo como a los funcionarios y altos cargos que les facilitaban la obtención de las ayudas públicas.
El director de la Feria de Autónomos de Galicia, José Luis Fraga Ameneiros, también imputado, declaró que "nunca" recibió petición para que inflase sus facturas. El presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, también imputado, aseveró ante los investigadores que Eliseo Calviño, presidente de Caype, no le ofreció "nada" para aprobar, entre los dos, el cambio de estatutos a partir del que el dirigente del colectivo cobró un sueldo "de alto directivo" y él recibió pagos en concepto de "asesoría jurídica". En dos años, según la Policía Judicial, Pérez Bello se embolsó 20.000 euros. El secretario de Caype señaló que desconoce "en absoluto" si Crespo le devolvía dinero a Calviño, al tiempo que subrayó que la formación para la que le concedieron subvenciones "se impartió", algo de lo que dudan los agentes. Los imputados que se negaron a declarar serán interrogados en febrero por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que dirige la investigación.
