El sindicato USO disuelve su gestora en Galicia por su implicación en el caso

La Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato Unión Sindical Obrera (USO) decidió ayer disolver su gestora en Galicia debido a la presunta implicación de tres de sus miembros en la operación Zeta. Los dirigentes anunciaron que se hacen cargo de su sede en Galicia, situada en la avenida del Ejército, en A Coruña, debido "a las informaciones" que relacionan a líderes de USO con la trama delictiva que defraudaba subvenciones destinadas a cursos de formación para desempleados.

La documentación de la caja B de las empresas de Crespo de la que se incautó la policía refleja abonos por importe de 13.000 euros al sindicato USO Galicia. Para los instructores, los pagos responden a las devoluciones que el empresario hacía a las entidades que lo subcontrataban para realizar los cursos. El sumario también recoge pruebas de que una empresa de Crespo pagaba el coche de alquiler que utilizaban los sindicalistas para, supuestamente, llevar a cabo gestiones de USO. Tres miembros del colectivo prestaron declaración ante la Policía Judicial en Lonzas en calidad de imputados, pero no detenidos. La juez que instruye los hechos, por el momento, no decretó su imputación en el caso.

La dirección de la organización sindical ordenó la apertura de una auditoría contable interna y la fiscalización "de las acciones formativas solicitadas y ejecutadas". El sindicato, además, decidió suspender "cautelarmente" de militancia al responsable de Formación de USO Galicia, en aras a la "presunción de inocencia". La Comisión Ejecutiva Confederal de la entidad destaca en un escrito enviado a los medios de comunicación que siempre ha exigido "honestidad en la gestión de fondos públicos".

Los investigadores, además de los pagos al sindicato que figuran en la contabilidad B de Crespo, incluyen en el sumario la transcripción de un mensaje que le envía el empresario al alcalde, Carlos Negreira, en el que le solicita que mantenga una reunión con el dirigente de USO Galicia. El sindicalista, según el imputado, le pidió que mediase en el encuentro con el regidor. La Policía Judicial considera que las intervenciones telefónicas, así como la documentación que consta en la causa judicial, evidencian la relación que mantenía el presunto cabecilla de la trama de fraude de subvenciones, Gerardo Crespo, con los miembros del sindicato en Galicia.