En la causa de la operación Zeta figuran 67 personas denunciadas por la Policía Nacional como sospechosas de participar en la trama dedicada a defraudar subvenciones públicas destinadas a cursos de formación, la mayoría destinados a desempleados y discapacitados. De esos acusados, los agentes que investigaron los hechos citaron a declarar, en calidad de imputados y no detenidos, a 39 personas, de las que solo siete están imputadas por la juez que instruye la causa. Las imputaciones de la Policía Nacional carecen de relevancia penal, según subrayan fuentes judiciales.

Entre los denunciados que el 091 considera más sospechosos de incurrir en delitos figura el presidente de la Federación de Vecinos Salvador de Madariaga, Juan Sáenz-Chas, quien reconoció ante los agentes haber recibido pagos de Gerardo Crespo, que es vicepresidente y tesorero del colectivo vecinal que él dirige. El implicado, sin embargo, alegó que es "amigo de la infancia" del empresario y que le entregó dinero en efectivo "para un tema personal". Habitualmente, el imputado le dejaba el dinero que le solicitaba "en un sobre".

Crespo, según su versión, no le reclamó la devolución de la deuda porque siempre fue "una persona muy generosa". En la actualidad, según destacó, ya no le pide dinero a su amigo. La Policía Judicial destaca que Sáenz-Chas es una de las personas que figura como receptora de las devoluciones de la caja B de Crespo. Según la documentación decomisada por los agentes, se embolsó 18.000 euros. El representante vecinal defendió ante los funcionarios que la cantidad que le prestó su amigo era "inferior" a 18.000 euros, aunque admitió que no recuerda el montante exacto.

El implicado en el caso negó haber pedido a responsables del PP en A Coruña que le ascendieran en la Diputación Provincial, donde tiene la plaza de funcionario, tal y como se desprende de las conversaciones telefónicas intervenidas. Además, indicó que no recordaba que Crespo le comentara que hubiese entregado dinero al Partido Popular. En uno de los pinchazos telefónicos Sáenz-Chas aconseja a Crespo, desesperado porque la Xunta le reclama la devolución de algunas subvenciones, que le diga al alcalde, Carlos Negreira: "¡He hecho muchas cosas por el partido, joder. Y he soltado mucha pasta, coño!". En otra de las transcripciones de las escuchas, los funcionarios reflejan que Sáenz-Chas le dice a Crespo: "Es que lo de Carlos [en referencia a Negreira] tiene huevos. Que me mande montar asociaciones y nombre a ese mierda director de área [en referencia a uno de los cargos designados por el PP en la Diputación]". El líder vecinal negó en la declaración que prestó en sede policial que el regidor municipal le ordenase crear colectivos en representación de los residentes en la ciudad. El alcalde evitó negar con rotundidad, a preguntas de este periódico, si instó a este militante del PP a constituir la Federación de Vecinos Salvador de Madariaga. "Yo no voy a andar negando sumarios, lo que digo es que no tengo nada que ver con este tema", señaló.

El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, Héctor Cañete, que declaró ante la policía, pero que no está imputado por la juez, reconoció que contrató a empresas de Crespo para ejecutar algunos cursos para los que la entidad recibía ayudas públicas. La elección de la consultoría a contratar, según Cañete, la realizaron los "técnicos". El representante de los hosteleros subrayó que "jamás" le pidió un porcentaje al empresario a cambio de concederle la gestión de las clases. Su relación con Crespo, al que conocía por ser militante del PP y líder vecinal, era "más personal" que profesional. La facturación de la asociación, según destacó Cañete, la lleva "el personal" y está "auditada".

Los denunciados que fueron interrogados por la Policía Judicial, entre los que figuran el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra, representantes sindicales de USO, el dueño de la Escuela de Gestión Farmacéutica, el tesorero de la asociación de hosteleros, el presidente de la Federación Gallega de Servicios Funerarios y el presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas, entre otros, negaron recibir un porcentaje de las subvenciones que les concedía las administraciones a cambio de subcontratar a empresas de Crespo.

Los altos cargos de la Xunta sospechosos de aceptar pagos y regalos a cambio de amañar concursos para que el presunto cabecilla de la trama fuese el adjudicatario se negaron a ofrecer su versión de los hechos ante la policía.