La Xunta continuó trabajando con Gerardo Crespo dos años y medio después de acudir a Fiscalía a denunciar las presuntas irregularidades en los cursos de formación. Cuando el Gobierno gallego dio parte al Ministerio público, la operación policial, en teoría secreta, llevaba meses en marcha. La Consellería de Traballo, según consta en la documentación a la que tuvo acceso este diario, envió escritos a discapacitados en paro en noviembre de 2013 para obligarlos a acudir a entrevistas en la Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia, que compartía sede en A Grela con Azetanet, la consultoría sobre la que gira gran parte de la presunta trama de fraude de subvenciones públicas.Azetanetpresunta trama de fraude de subvenciones públicas Ambas entidades son dirigidas por Crespo. "Datos de la cita: día 11 de noviembre de 2013, hora: 12.00. C/ Gambrinus, 101, módulo 0, nave 3", concreta la administración en uno de los escritos dirigido a Antonio Senín Varela, discapacitado demandante de empleo.
En noviembre de 2013, cuando la Xunta remitió las cartas a discapacitados, la investigación ya había salido a la luz pública porque la Policía Judicial había registrado, en junio de 2012, la sede de Azetanet.Azetanet La Consellería de Traballo, dirigida por Beatriz Mato, continuó, por tanto, en contacto con las entidades a pesar de que estaban bajo sospecha. En las comunicaciones, la Xunta advertía a los parados que podrían ser sancionados si no acudían a la sede de la consultoría de Crespo para participar en la preselección de los alumnos de un Programa Integrado para el Empleo.
"Le recordamos la obligatoriedad de acudir a esta entrevista, como persona demandante de empleo inscrita en el Servicio Público de Empleo de Galicia, advirtiéndole que, en su caso, en el supuesto de incomparecencia no justificada, podrá proceder la aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000, por el que se regula el texto de la ley de infracciones y sanciones en el orden social", informaba a los discapacitados la consellería.
El Gobierno gallego, a pesar de tener constancia de las presuntas irregularidades que cometían las entidades de Crespo desde hacía, al menos, dos años y medio, señalaba en el escrito remitido a discapacitados que debían participar en el proceso de preselección del programa, al tiempo que destacaba que se trataba de "una novedosa medida activa de empleo dirigida a la inserción laboral de las personas en situación de desempleo a través de un tratamiento integral". La Xunta, que entre 2008 y 2012 concedió 15 millones de euros a las entidades investigadas por defraudar subvencionesXuntaconcedió 15 millonesentidades investigadas por defraudar subvenciones, garantizaba que la asociación dirigida por Crespo combinaría "acciones de diversa naturaleza, como información, orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo, formación, prácticas laborales y movilidad geográfica". El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo se marcó como objetivo la inserción laboral de entre el 30% y el 35% de los participantes.
La Consellería de Traballo, tal y como informó LA OPINIÓN la semana pasada, también concedió una subvención por importe de 100.000 euros a Azetanet un año después de detectar las irregularidades en los cursosTraballosubvención 100.000 euros a Azetanet un año después de detectar las irregularidadescursos.
El líder de la presunta trama de fraude de subvenciones sostiene que la cúpula del PP en Galicia recibió el soplo de que la policía le seguía la pista. En el sumario consta que a partir de ese momento Crespo se quedó aislado, ya que ningún político le cogía el teléfono ni le respondía a sus mensajes. Fue Pachi Lucas, un empresario madrileño amigo de Feijóo al que le pagaba 3.000 euros al mes para que le consiguiese contratos públicosPachi Lucasamigo de Feijóocontratos públicos, quien le avisó en el mes de mayo de 2012, en una reunión en Madrid, de que la policía tenía en marcha una operación contra él y de que le habían pinchado el teléfonooperación pinchado, según afirma Crespo, quien añade: "Ya era muy tarde". Unos días después los agentes registraron las sedes de sus entidades y la operación se hizo pública.
El presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, defendió tras salir a la luz el fraude de las subvenciones para cursos, que según la policía alcanzaría los 20 millones de euros, la mayoría procedentes de Traballo, que había decidido "cortar todo tipo de contrato" con las empresas de Gerardo Crespo tras sospechar, después de que la policía ya le siguiese la pista, del supuesto fraude en los cursos para los que durante años le concedió subvenciones millonarias.supuesto fraudecursossubvenciones millonarias
"El presidente decidió poner en manos de la Fiscalía y denunciar y dejar sin efecto en las convocatorias a las empresas investigadas", sentenció Feijóo. Los datos, sin embargo, evidencian que la Consellería dirigida por Beatriz Mato continuó subvencionando a entidades de Crespo Beatriz MatoCrespo y trabajando con algunas de ellas, como la Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia, después de haber acudido a Fiscalía y de que la operación contra sus entidades fuese pública. La Policía Judicial defiende en el sumario de la operación Zeta que los responsables públicos hacían "la vista gorda" con Crespo. En la documentación de la caja B intervenida por los investigadores constan pagos al PP por importe de 17.000 euros. El imputado recalca que su "conseguidor" de contratos era "íntimo amigo" de Feijóo y que le pagó en negro 3.000 euros al mes hasta mayo de 2012.
