La operación Zeta, que investiga una supuesta trama para obtener de forma fraudulenta ayudas para cursos de formación, se ha llevado por delante nada menos que a cinco cargos de la Consellería de Traballo, entre ellos un director xeral. Los cinco dejaron el departamento que dirige Beatriz Mato bien porque se vieron forzados a presentar la dimisión tras conocerse su implicación en el fraude o porque directamente se les comunicó su cese y relevo, aunque la consellería nunca informó de estos cambios. Según la instrucción judicial, la trama -a cuyo frente estaría el empresario coruñés Gerardo Crespo- habría gestionado 20 millones de euros en ayudas para cursos que no se llegaron a celebrar, de los que doce millones fueron concedidos por la Consellería de Traballo.
El número resulta tan abultado que el PSOE no tiene dudas de que los "ceses" están vinculados directamente con el fraude de los cursos y por ello acusó a la Xunta de acometer una "crisis de gobierno encubierta" sin dar explicaciones al respecto.
El supuesto descontrol en las subvenciones para cursos de formación también fue puesto en evidencia en el último informe del Consello de Contas -relativo al año 2010-, que alerta de la falta de mecanismos de inspección por parte de la Administración autonómica, que ni siquiera verificaba si había alumnos, y de que algunos programas, realizados por la patronal y los sindicatos, tenían un sobrecoste de hasta el 20%, que aunque legal, a Contas la parece "elevado".
El que fuera director xeral de Traballo Odilo Martiñá presentó su dimisión el pasado 25 de septiembre, justo tras recibir una citación para declarar ante la policía por su presunta participación en la trama de las subvenciones. Beatriz Mato indicó en su momento que nada sabía de los motivos de su marcha, más allá de las razones "personales" que había aludido Martiñá. Ahora, la Consellería lanza el mensaje de que dimitió minutos antes de que lo destituyeran. La policía cree que el director xeral recibía una paga de Gerardo Crespo y que el montante global percibido rondaría los 18.000 euros. Odilo Martiñá se negó a declarar ante el juzgado cuando fue citado.
Otro cargo que presentó su dimisión fue el, hasta el 22 de octubre, director del área de Servizos Provinciais de la Diputación de A Coruña Luis Alberto Álvarez Freijido, quien primero había sido delegado de Benestar en A Coruña. Los investigadores creen que pudo haber recibido 8.000 euros de Crespo.
El que sí fue cesado fue el jefe de servicio de Empleo en la consellería Joaquín Vila. Fue destituido el mismo día que fue citado a declarar por el juzgado de A Coruña que lleva la investigación. Este cargo de la consellería recibía regalos del principal imputado de la trama, según consta en el sumario. Traballo no informó de este cese, como tampoco de los otros relevos.
Pero también fueron apartados otros dos jefes de servicio, la de Traballo e Economía Social, Enma Pérez, y el de Emprego e Formación, Juan Antonio Freito. A Pérez se le comunicó a mediados de septiembre, mientras que al segundo, hace ahora un mes. Estos dos relevos, según la Xunta, responden a una "reorganización" interna, pero también coinciden con el momento en el que transcendieron las investigaciones de la operación Zeta.
Estas sustituciones llevaron ayer a la secretaria de Organización del PSdeG, Pilar Cancela, a denunciar una "crisis de gobierno encubierta" en la Xunta tras descubrirse las irregularidades en los cursos de formación y hasta una "supuesta financiación irregular del PP" según lo recogido en el sumario judicial.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le replicó poco después aduciendo que Pilar Cancela fue directora xeral en el momento en que se otorgaban contratos y subvenciones "sin ningún tipo de inspección y control". "Si hay alguna persona que sepa cómo se hizo eso, es esa persona", comentó en alusión a Cancela. Feijóo aclaró, en todo caso, que los dos últimos ceses de jefes de servicio no tienen que ver con la operación Zeta, al contrario que los otros tres.
