19 de noviembre de 2014
19.11.2014
Operación Zeta

Tres ex altos cargos de la Consellería de Traballo, imputados en la operación Zeta

Entre los 23 nuevos imputados, figuran tres altos cargos de la Xunta que dimitieron o cesaron por su presunta implicación en la trama que investiga el fraude en subvenciones para cursos de formación. Ya son 30 los imputados

19.11.2014 | 13:48
El negocio de los parados y discapacitados.

El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha citado a declarar como imputados a otros 23 implicados en la operación Zeta, que investiga el presunto fraude en fondos públicos destinados a la formación de desempleados. Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en un comunicado, el juzgado ha notificado hoy una providencia a los nuevos imputados, con lo que eleva a treinta los imputados en la presunta trama, de la que ya se conocían siete imputaciones.  Entre los 23 nuevos imputados, figuran tres altos cargos de la Xunta que dimitieron o cesaron por su presunta implicación en la trama investigada en la operación Zeta: Odilo Martiñá, ex director xeral de Traballo; Alberto Álvarez Freijido, exdelegado territorial de Benestar en la provincia de A Coruña y exdirector de área de Servizos Provinciais de la Diputación de A Coruña; y Joaquín Vila Sampaio, ex jefe de servicio de Empleo en la Consellería de Traballo.

Las primeras declaraciones de imputados están señaladas para el mes de febrero y por el momento se prevé que continúen hasta abril, según el Tribunal Superior. Entre los siete primeros citados a declarar figuran el supuesto cabecilla de la trama, el empresario coruñés Gerardo Crespo, y el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, Eliseo Calviño.

El Juzgado inició el 22 de diciembre de 2011 una investigación sobre un posible fraude en el cobro de subvenciones tras haber recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en A Coruña a raiz del testimonio de dos exempleadas de Calviño ante la policía. La causa, recordó el Superior, se sigue por los delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. Entre las personas investigadas se encuentran responsables de organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales.

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