Los padres de Oleiros vuelven a sospechar que existe una doble vara para medir los derechos de sus hijos. Si las dudas se sembraron en noviembre de 2012, cuando la Xunta creó una plaza más de comedor en el colegio A Rabadeira para que no quedase sin este servicio el hijo de una entonces ex alto cargo de la Consellería de Traballo, el mes pasado se recogieron las tempestades del enfado tras quedar un escolar sin esta prestación en circunstancias similares pero sin que nadie le crease plaza ex profeso.
La madre del alumno presentó un recurso de alzada contra la resolución del consello escolar de excluir a su hijo del servicio de comedor, alertando del "agravio comparativo" que se produciría si no se admitía y de que "quedaría demostrado que no todos somos iguales". La Jefatura Territorial de Educación sin embargo resolvió hace unas semanas desestimar el recurso de alzada y ahora la progenitora tiene dos meses de plazo para decidir si va a juicio y presenta un recurso contencioso administrativo.
Esta madre residente en Oleiros señala que el pasado 13 de junio recibió una circular de la dirección del colegio A Rabadeira en la que se le informaba de que para el curso 2014-2015 el plazo de "solicitud y de autodeclaración" del comedor escolar sería del 16 al 30 de se mes. El último día lectivo recibió una nueva circular en la que se ampliaba "hasta el 5 de julio el plazo para presentar la autodeclaración", el pago del comedor.
Las dos circulares, con un contenido similar, llevaron a confusión de varios padres, ya que la primera incluía la presentación de solicitud y el pago y la segunda solo hablaba del pago. En el caso de esta oleirense, por motivos laborales, entregó la documentación a otros padres para presentarla en el centro el 3 de julio. Curiosamente, en el colegio le pusieron el cuño del 23 de junio por lo que luego tuvo que acudir al centro para que se pusiese el cuño correcto.
La reunión del consello escolar en la que se aprobaron las listas provisionales de admitidos al comedor tuvo lugar el 11 de julio. El nombre de su hijo fue incluido en el listado de fuera de plazo. El pequeño ya llevaba dos cursos con derecho a comedor, al igual que su hermana. La madre destacó también en su recurso de alzada que su domicilio está en la zona de influencia del centro y a más de 2 kilómetros, y había solicitado plaza de transporte escolar.
La afectada recordó al jefe territorial que las instrucciones sobre funcionamiento de comedores de gestión directa no establecen plazos para presentar las solicitudes y el único requisito es que se presenten antes de la reunión escolar, lo que ella hizo (el día 3 de julio, siendo el día 11 la reunión del consello).
La respuesta de la Xunta fue desestimar su recurso porque considera que no hubo confusión con las circulares, porque el consello escolar "está perfectamente habilitado" para seleccionar y admitir a los usuarios y para fijar el plazo que estime conveniente para presentar solicitudes.
En 2012, el hijo de la entonces secretaria xeral técnica de Traballo (que cesó en su cargo tres meses después) se quedó sin comedor porque el plazo para pedirlo terminaba el 5 de julio y lo pidió el día 9. Su padre, un cargo también de la Xunta, presentó recurso de alzada contra la lista de admitidos. Recordó que su hijo cumplía todas las condiciones exigidas en la instrucción de la consellería, al ser usuario del comedor el curso anterior y tener solicitado el transporte escolar.
El padre alegó que la instrucción de la Xunta en estos casos "no hace referencia a la existencia de plazo ninguno para la presentación de solicitudes, por lo que el requisito exigible sería que éstas fuesen presentadas antes de su remisión al consello escolar".
El jefe territorial entonces invocó "los principios de buena fe y de confianza", tuvo en cuenta que el escolar cumplía todos los requisitos, que el consello escolar había puesto un plazo de presentación de solicitudes "breve" y el hecho de que quedase fuera del servicio de comedor era una "consecuencia indeseable". y estimó el recurso. La Xunta creó una plaza más de comedor, de 325 a 326, y el niño disfrutó del servicio.
Al trascender públicamente lo sucedido, tras la dimisión de todo el consello escolar por la decisión de la Xunta de aumentar en una plaza el servicio, arreciaron las críticas de sindicatos, partidos políticos y asociaciones de padres, el asunto llegó al Parlamento y la Fiscalía Provincial incluso llegó a abrir una investigación por posible delito de prevaricación.
La consellería en un primer momento señaló que los padres de ese niño habían presentado recurso de alzada y también podían haberlo hecho otros en la misma situación, con solicitudes presentadas fuera de plazo. Sin embargo después trascendió que otros progenitores habían recurrido.
Al final Educación abrió un plazo para que padres en la misma situación presentasen recurso y admitió primero a cinco niños más que había dejado fuera inicialmente. Al final entraron casi una decena de escolares más.
