En A Pasaxe hace frío todos los días, da igual que llueva o que el sol apunte con sus rayos hacia el poblado. No importa, porque en las chabolas, en unas más que en otras, la humedad es un habitante más.

"En el Ayuntamiento nos dicen que estamos en un terreno privado y que no pueden hacer nada por nosotros", explica Rosa dos Santos. Y es que, según su relato, hasta "hace unos años", el Concello acudía a su llamada cada vez que le alertaban de que había ratas en el poblado. "Antes venían y nos ponían veneno, pero ahora ya no y ya mordieron a dos niños", denuncia Cristina Pereira que, cada día, tiene que enfrentarse a una balsa de agua enorme para poder salir del poblado. El Gobierno local defiende que la titular de ese tramo concreto es la Demarcación de Costas y que no es su responsabilidad bachear el acceso al asentamiento.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 desestimó el mes pasado un recurso presentado por la inmobiliaria Altramud -propietaria de los terrenos de la antigua Conservera Celta y que pertenece al empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián- contra la resolución del Concello que dice que es responsabilidad de la firma demoler el esqueleto de la antigua nave de La Toja. A la vista de este fallo, el Ayuntamiento queda exento de desalojar un poblado con un arraigo que supera los 25 años.

Arquitectos Sin Fronteras, que trabaja desde hace varios años con la población de A Pasaxe, defiende que el problema en el asentamiento no es solo el de la nave que tiene un expediente de ruinas, sino el de las familias que residen en sus inmediaciones y que pueden ser desterradas de su hogar habitual sin un plan alternativo que les garantice una existencia digna.

Su lucha es la del día a día y las soluciones que toman, las que se les ocurren para seguir viviendo en su "normalidad". "Llevamos veinte años lucha que te lucha pero nada, estamos cansadas ya", explica Josefa Pereira, que asegura que la única ayuda que tienen ahora es la que se prestan entre ellas. Saben que los 130 euros del Plan Municipal de Ayuda al Alquiler (PMAL) no llegan siempre a tiempo, así que no pueden contar con ellos para pagar el alquiler de un piso. "Y si tiran la nave y nos echan, ¿dónde nos metemos? tendríamos que hacer otra chabola, porque de okupas no podemos estar", se pregunta Rosa dos Santos y, ella sola, zanja: "Llevamos entrampando toda la vida".

Si Cristina tuviese un cuadro mágico en el que pudiese pintar su futuro y que se volviese realidad tomaría como modelo el plan de integración de Monforte. "Les pusieron sus casitas prefabricadas, unas viviendas dignas con farolas y todo", dice Cristina, y asegura que se conformaría con que le diesen "una casita que nadie quiera o un terreno en el que poder construir" sin estar amenazada por una orden de desahucio que no se sabe cuándo se cumplirá o por los cascotes que se desprenden de la nave de La Toja.

Ya pasaron por eso una vez en julio de 2013, la Policía Local iba decidida a desalojar para derribar la nave de La Toja pero, finalmente, se paralizó el proceso. Un juez, el mismo que dice que es Altramud quien tiene que hacerse cargo de liberar el terreno del esqueleto de la antigua fábrica de La Toja, reconoció a principios del año pasado que los chabolistas tenían "derechos posesorios" sobre la parcela de A Pasaxe por haber residido en ella más de 25 años. Esta decisión, sin embargo, se la echó abajo el Tribunal Superior, tan solo unos meses después, y dio luz verde a la demolición del edificio porque consideraba que existía riesgo de desplome y que representaba "un peligro para todos".