El inicio de la operación Zeta, una investigación policial contra el presunto fraude de unos 20 millones en subvenciones para cursos, provocó que el presunto líder de la trama, el empresario Gerardo Crespo, cerrase hace un año todas sus academias y su consultoría, Azetanet, sobre la que gira gran parte del caso. El 1 de enero de 2014 Crespo se declaró en concurso de acreedores, lo que provocó que clausurase la Academia Zeta, con sede en Juan Flórez, y Azetanet y Gecreri, situadas en A Grela, todas ellas relacionadas con la formación.

La Consellería de Traballo e Benestar, dirigida por Beatriz Mato, que concedió, entre 2008 y 2012, 15 millones de euros en ayudas a entidades relacionadas con la operación Zeta, ha publicado esta semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución para dar de baja a la Academia Zeta del Registro de Centros y Entidades de Formación para el Empleo. De esta forma, la empresa ya no podrá optar a ser adjudicataria de subvenciones. La Xunta alegó que la eliminación de la compañía de la lista se debe a que incumple los requisitos de la normativa sobre academias aprobada hace dos años. De hecho, Traballo destacó que está dando de baja a entidades de todas las provincias gallegas. Crespo señaló ayer que no recurrirá la resolución, ya que la academia está cerrada.

Las naves de su consultoría, Azetanet, y de Gecreri, situadas en A Grela, están adecuadas a la nueva ley, según destacó el empresario, que desde el año pasado las tiene alquiladas a la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia y a Lecer Formación, una entidad que ofrece cursos a policías y bomberos.

Crespo, se declaró en concurso voluntario de acreedores junto con su esposa, que también está imputada en la operación Zeta. Al empresario le embargaron muchas de sus propiedades debido a impagos. Su consultoría, Azetanet, que era la que organizaba la mayoría de los cursos de formación investigados, quebró. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña dictó el pasado mes de septiembre un auto de declaración de concurso de acreedores del matrimonio y resolvió, además, que ambos conservasen las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero sometidos a la intervención de un administrador concursal. Los 30 imputados en la operación Zeta, entre ellos cinco altos cargos de la Xunta, comenzarán a desfilar por los juzgados en febrero. El día 2 declarará Gerardo Crespo.