El Tribunal Supremo anuló ayer la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ERE de Santa Bárbara, que supuso el despido de 172 empleados de la fábrica de armas de A Coruña y el cierre de la misma, y ordenó una nueva resolución en la que se atiendan los argumentos de todos los sindicatos, a los que la Audiencia no había concedido legitimidad, dejando sin juzgar sus alegaciones. En su sentencia, el Supremo no se pronuncia sobre la legalidad del ERE, sino que se limita a ordenar a la Audiencia Nacional que emita nueva sentencia en la que analice la tesis de los sindicatos.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo se reunió el jueves para tratar este asunto tras la resolución de la Audiencia Nacional, que rechazó los recursos del comité de empresa y los sindicatos.
La Audiencia Nacional consideró únicamente lo expuesto por CIG, CGT y el comité de empresa de A Coruña, porque las otras partes no habían formulado petición de condena, y declaró que la extinción se ajustaba a derecho. Ahora, obliga a tener en cuenta también a UGT, CCOO y CSIF, por lo que es necesario dictar una nueva en la que se tengan en cuenta sus alegaciones y pretensiones.
Fuentes de la empresa Santa Bárbara mostraron ayer, poco después de conocerse el fallo del Supremo, su "respeto" por la decisión del Tribunal y consideran "importante mantener la responsabilidad y la cautela" hasta conocer la sentencia completa. No obstante, defendieron que dicha resolución del Alto Tribunal no afecta a la ejecución del ERE, de forma que el hecho de que la sentencia de la Audiencia quede suspendida no invalida el ERE, que sigue activo.
El expresidente del antiguo comité de empresa de A Coruña, Roberto Teijido, calificó la nueva resolución como "una pequeña esperanza" y se mostró cauteloso ante el fallo que les "da la razón en una parte", señala sobre el reconocimiento de la legitimación de los sindicatos e insistió en que su objetivo ha sido reclamar "legalidad, en base a la justicia".
Los extrabajadores habían solicitado la nulidad del ERE y la readmisión del conjunto de la plantilla que fue despedida dado que consideran que la multinacional norteamericana actuó con "mala fe" y expuso unas cuentas "sesgadas y orientadas a justificar los despidos". "No están ajustados a derecho y carecen de justificaciones económicas, organizativas o de producción que avalen tal medida", aseguraban. La Audiencia Nacional, pese a no entrar a valorar parte de los recursos presentados, emitió una sentencia desfavorable, aunque reconocía "que había motivos suficientes para declarar nulo el ERE", según señaló la CIG.
El expediente de regulación, anunciado a inicios de 2013, afectó a los centros de trabajo de A Coruña, Granada, Trubia (Oviedo), Sevilla y Madrid y se tradujo en 593 despidos, de los cuales 495 fueron de adscripción voluntaria. Solo la factoría de A Coruña cerró sus puertas, poniendo fin a 76 años de actividad ininterrumpida.
En la actualidad, la factoría de Pedralonga está gestionada por Hércules de Armamento, la empresa ganadora del concurso convocado por el Ministerio de Defensa para explotar las instalaciones. La previsión de la firma es poder tener contratados a 155 empleados en el primer año de actividad y comenzar la producción antes del verano.
Los extrabajadores vinculados a UGT, sin embargo, han emprendido en los últimos meses una intensa campaña contra la compañía, a la que acusan de haber cometido delitos de falsedad documental y fraude fiscal, cuestión que han denunciado a la Agencia Tributaria, que ya estaría investigando. El grupo que había salido derrotado en el concurso, IFFE, presentó ante Defensa un recurso que fue desestimado. Actualmente, estudia la posibilidad de interponer un recurso judicial ante la Audiencia Nacional.
