Un viejo proyecto urbanístico vuelve a llamar a las puertas del María Pita. Después de los quebraderos generados por el polígono de Someso y del parque ofimático, un grupo de propietarios de terrenos colindantes con la tercera ronda, en el tramo de San Pedro de Visma, reclaman al Concello que les pague por unas fincas en las que no se levantó ningún edificio de viviendas, tal y como estaba previsto en el proyecto de urbanización pegado a la tercera ronda, un ambicioso complejo residencial y comercial ideado inicialmente por el Gobierno municipal socialista en la década de los noventa, en los tiempos del alcalde Francisco Vázquez.
La reclamación de estos propietarios se fundamenta en un convenio firmado con el Ejecutivo local en julio de 2007, durante el Gobierno de coalición de PSOE y BNG, en el que se establecía que aquellos dueños que no hubiesen querido cobrar el justiprecio por la expropiación de sus parcelas podrían exigir al Concello que se les desembolsase esta cantidad, a la que habría que sumar los intereses legales, en caso de que en el plazo de seis años desde la aprobación final del proyecto de expropiación expropiación no se hubiese podido construir en sus parcelas.
El acta de expropiación, firmado por mutuo acuerdo por aquel entonces, materializaba la adquisición de los terrenos por parte del Concello "en pleno dominio y libre de cargas", reservando el uso de sus superficies a aquellos dueños que hubiesen renunciado al cobro del justiprecio. Pasados estos seis años, y en caso de no haber podido "materializar el aprovechamiento" de las fincas, el convenio abría dos caminos a los dueños: continuar en la misma situación a la espera de poder convertirse en promotores del polígono en caso de que algún día llegue a construirse o renunciar a esta reserva del uso de los terrenos.
Algunos de estos propietarios, que no han querido revelar su identidad, ya solicitaron formalmente hace un año a la Concejalía de Urbanismo el cobro de esta cantidad por los terrenos, con los que quieren romper su vinculación, sin haber recibido todavía un euro. Según estimaciones de los afectados, "más de una decena de personas" podrían encontrarse en esta situación, lo que podría obligar a las arcas municipales a pagar "millones" de euros por la expropiación de las tierras.
Algunos dueños critican la tardanza del Ejecutivo en abonar el dinero y alegan que el paso del tiempo "sale caro a la ciudad", ya que cada año se suman a la cantidad a pagar los intereses legales, calculados partir de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Además, afirman que cada vez son más las personas perjudicadas ya que muchos de estos terrenos fueron divididos y asignados a varias personas como consecuencia de herencias patrimoniales de padres a hijos.
Aseguran también que desde el Concello se les negó la posibilidad de poder cobrar el dinero a plazos, para evitar a la Administración un gran desembolso inmediato, y que en los últimos días se les garantizó desde Urbanismo que parte del Presupuesto municipal de este año se destinará al pago de algunas de estas expropiaciones. El resto, tendrían que esperar a próximos ejercicios.
El proyecto de urbanización del que sería el primer polígono residencial de la tercera ronda fue aprobado por el Gobierno local en 2002, siendo en 2004 modificado su diseño a petición de los promotores, agrupados en una junta de compensación. Sobre unos 360.000 metros cuadrados limitados por la ronda de Outeiro y la tercera ronda, la Administración local y los propietarios de la parcelas habían proyectado la construcción de 28 edificios de viviendas, 22 de los cuales estaban reservados a pisos de precio libre y seis reservados a protección oficial.
El boom inmobiliario se hacía notar en un proyecto que por aquel entonces preveía poner en el mercado más de 3.585 viviendas, de las que 774 estarían sometidas a algún tipo de subvención pública.
La mayor parte de los edificios se preveía que tuviesen entre 11 y 13 alturas, incluyendo el bajo, aunque había excepciones. En la zona urbanizable más cercana a la futura carretera de circunvalación, los redactores del plan ubicaban seis inmuebles de entre ocho y 16 alturas.
El incremento de los pisos de la zona también supondría un aumento de la superficie de aparcamiento. El proyecto preveía, de acuerdo con la ley del suelo de Galicia, la construcción de 2.461 plazas en superficie y 7.383 en estacionamiento subterráneos de los edificios. Una cuarta parte de la superficie, unos 88.500 metros cuadrados, se extendería como área verde.
