Gerardo Crespo, el presunto cabecillaGerardo Crespo de la trama que se dedicaba a defraudar subvenciones destinadas a cursos de formaciónsubvenciones cursos de formación, se negó ayer a declarar ante la juez que instruye el caso, en el que hay 30 imputados, entre ellos cinco altos cargos de la Xunta30 imputados. El implicado en la operación Zeta ya advirtió el pasado domingo en LA OPINIÓN que se reservaría su "derecho a jugar" y que, probablemente, no le contaría a la magistrada todo lo que sabe. Además, aseguró que, por el momento, no le aportaría las pruebas que dice tener contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Traballo, Beatriz Matopruebas contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Traballo, Beatriz Mato. El sospechoso alegó, tras salir del edificio de Nuevos Juzgados, que evitó responder a las preguntas porque la Agencia Tributaria todavía no le ha remitido a la instructora un documento en el que constan todos los datos sobre su patrimonio y la cantidad de dinero que supuestamente defraudó.
"El informe de Hacienda está sin acabar, por lo tanto, no podemos evaluar las acusaciones que nos están haciendo. No sabemos de qué hay que defenderse. Falta una pieza importante para poder defenderme", indicó, al tiempo que adelantó que su abogado, José Ramón Sierra, solicitará que sean llamados a testificar "muchos cargos". La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 acordó, como medida cautelar por riesgo de fuga, retirar el pasaporte a Crespo. El empresario, además, deberá acudir una vez al mes al edificio de Nuevos Juzgados para firmar. De esta forma, la instructora garantiza que esté localizado.
El imputado, quien admitió a este periódico haber pagado a políticos para que lo contratasen para organizar cursos formativoscursos , insistió en que su empresa impartió todas las clases para las que recibió ayudas públicas. La Policía Nacional, sin embargo, concluye en sus informes que algunos de los imputados en la trama incorporaban a sus patrimonios las subvenciones. "Aunque digan que parece que he ganado muchísimo dinero, el dinero está todo invertido, gastado en cursos bien realizados, ejecutados, auditados, inspeccionados por la Xunta. Las facturas están autorizadas por la Xunta, todo está fiscalizado, autorizado, aprobado. No se pagó nada que no tuviese el visto bueno de los funcionarios e inspectores de las administraciones", recalcó Crespo, al tiempo que criticó la investigación llevada a cabo por los agentes de la Policía Judicial de la Policía Nacional. "Sacaron unas conclusiones erróneas, el sumario miente, es tendencioso. Hay pruebas que defienden mi inocencia que no han utilizado", señaló.
Los funcionarios del 091 sostienen en sus informes que Crespo era el líder de la organización especializada en montar "chiringuitos" para captar subvenciones, la mayoría procedentes de la Xunta. Las entidades investigadas, según consta en el sumario, recibieron entre 2008 y 2012 más de 20 millones de euros en ayudas públicassumariomás de 20 millones de eurosayudas públicas. En las anotaciones de la Caja B del empresario decomisadas por la policíaanotaciones Caja B durante el registro realizado en su consultoría en junio de 2012 constan pagos al PP por importe de 17.000 euros. Los investigadores, además, aportan pruebas sobre el presunto amaño de concursos por parte de la Administración autonómica para que los contratos fuesen adjudicados a Crespopresunto amaño de concursoscontratos Crespo. Los agentes aseveran que el imputado contó con la colaboración de funcionarios, políticos y altos cargos para conseguir ayudas públicas millonarias. Los policías especializados en este tipo de delitos, además, explican en sus informes que sospechan que el actual presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, medió cuando ejercía de senador por el PP para que la Diputación de A Coruña le adjudicase un contrato a CrespoJosé Manuel Romay Beccaríamedió contrato Crespo. Romay niega haber cometido ilegalidades.
La Consellería de Traballo destituyó, por su relación con el caso, al director xeral, Odilo Martiñá, al que presuntamente el imputado tenía a sueldo, a un jefe de servicio y a un jefe territorialOdilo Martiñáimputado a sueldo. La Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato Unión Sindical Obrera (USO) también decidió el pasado mes de octubre disolver su gestora en Galicia como consecuencia de la Zeta.
Crespo insiste en que tiene pruebas de la implicación en la supuesta trama de altos cargos del PP. Por el momento, no las ha aportado a la Justicia. Su estrategia de defensa pasó por negarse a declarar. De hecho, el empresario reconoció a este diario su derecho "a jugar". Es consciente de que en mayo se celebran elecciones municipales.
