El Gobierno central atribuye a la Policía Local la responsabilidad del "diseño y la ejecución" del dispositivo desarrollado en el desahucio de la familia de Álvaro Corral, en los terrenos afectados por el parque ofimático, según explica en respuesta a una pregunta de la diputada del BNG Rosana Pérez sobre la "represión exagerada" en el desalojo.

A pesar de que los activistas que participaron en el desahucio no fueron identificados el 27 de noviembre, cuando intentaron parar el derribo de la casa familiar de Álvaro Corral, días más tarde, más de diez personas recibieron multas por importe de 4.250 euros. Entre los sancionados -que recurrieron el mes pasado ante la Subdelegación del Gobierno- figuran las tres personas que se subieron al tejado de la vivienda y que permanecieron allí hasta que Álvaro Corral, al ver que la pala ya había derribado parte de lo que había sido su hogar, les dijo que bajasen, que no se resistiesen más. Los tres, una joven activista, el sindicalista de la CIG Adolfo Naya y el bombero Roberto Rivas, que ya se había enfrentado a una multa por no colaborar en el desalojo de la octogenaria Aurelia Rey, supieron entonces que se les imponía una multa de 400 euros a cada uno.

"La Policía Local de A Coruña fue quien diseñó y ejecutó el desalojo, en sentido estricto, mientras que los efectivos de la Jefatura Superior de Policía, previo requerimiento al efecto, colaboraron en el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana en general y, singularmente, en funciones de seguridad perimetral del dispositivo establecido por la Policía Local", explica el Ejecutivo central a la diputada nacionalista en el Congreso.

En su contestación, el Gobierno central informa de que la Comisaría de Distrito Sur del Cuerpo Nacional de Policía en A Coruña tramitó un atestado que fue remitido posteriormente al juzgado de guardia. Durante el forcejeo entre policías y activistas, una persona perdió el conocimiento y hubo dos heridos.