El Consejo de Ministros celebrado el pasado día 27 de febrero tuvo el acierto de rectificar parcialmente el inmenso error que supuso la Ley 10/2012 de 20 de noviembre de tasas diseñada por el exministro de Justicia don Alberto Ruiz Gallardón, una ley que no consiguió ninguno de los objetivos que se propuso; y sí, por el contrario, los perniciosos efectos que oportunamente denunciaron la totalidad de los operadores jurídicos. El calendario electoral previsto para 2015, un nuevo titular en la cartera de Justicia y un más que previsible varapalo por parte del Tribunal Constitucional consiguieron lo que la presión social se ha visto incapaz de lograr en los más dos años en los que la ley estuvo vigente, y pese a las variadas protestas públicas que los agentes jurídicos acometieron.

Solo un apreciable estado de debilidad de las corporaciones que agrupan a los abogados explica el atrevimiento del entonces ministro que, contra viento y marea, impuso lo que a todas luces era un disparate y que ha conseguido incrementar el estado de desprotección de unos ciudadanos que se vieron obligados a litigar con la chequera en la boca, los que pudieron, o abandonar, como hicieron tantos, cualquier expectativa de justicia. Éste ha sido el coste de la inacción por parte de unos colectivos profesionales cuya escasa capacidad de presión en la lucha por los derechos de los ciudadanos ha sido directamente proporcional a la tranquilidad del ministro que, de hecho, acabó dimitiendo por otras causas, dejándonos como herencia la ley de tasas, que se mantuvo vigente.

La sociedad civil necesita corporaciones profesionales fuertes y modernas, eficaces y participativas, y para ello es imprescindible su renovación y la recuperación del compromiso de los colegiados, incentivando la participación y la transparencia. En tiempos de cambio como los que vivimos, cuando la política todo lo impregna, la sociedad civil necesita del apoyo y complicidad de los diferentes colectivos profesionales que la integran, y para ello es imprescindible que éstos modernicen sus estructuras y operativas de funcionamiento y que mantengan una real capacidad de influencia trabajada día a día. Solo así se les podrá dotar de la eficacia necesaria para evitar que el coste de la inacción coja de nuevo a los ciudadanos a la intemperie ante cualquier embate irracional del poder, sea éste del signo que fuere.