Una de las exdirectoras financieras de Azetanet, la consultoría de Gerardo Crespo sobre la que gira la operación Zeta, se negó ayer a prestar declaración ante la juez que investiga el presunto fraude de más de 20 millones destinados a cursos de formación para parados y discapacitados. La magistrada de Instrucción 6 también citó a testificar ayer a dos exempleadas del presunto cabecilla de la trama que se encargaban de los asuntos relacionados con la formación. Las imputadas alegaron que los cursos se ejecutaban y que las administraciones los inspeccionaban con frecuencia. Así, negaron que se justificasen ante la Xunta actividades que no se hacían para obtener ayudas públicas.
Las imputadas por un presunto delito de fraude subvenciones, estafa y falsedad documental, no obstante, señalaron que cumplían órdenes de Crespo. Las directoras del departamento comercial y financiero de Azetanet que declararon ante la juez el pasado mes de febrero también sostuvieron que todas las decisiones que se tomaban y ejecutaban en Azetanet eran por mandato de Crespo, presunto líder de la trama en la que hay 30 imputados, entre ellos empresarios, exaltos cargos de la Xunta, sindicalistas y representantes de asociaciones.
La juez preguntó entonces a la directora de contabilidad sobre Pachi Lucas, el empresario madrileño relacionado con Feijóo al que Crespo describió como su "conseguidor" de contratos. La imputada confirmó que se le realizaban pagos mensuales de 3.000 euros. La mujer, además, contó a la magistrada que "nadie" en la empresa sabía en concepto de qué se hacían esos abonos. Además, informó a la titular de Instrucción 6 de que tenía orden directa de Crespo de priorizar los pagos al empresario madrileño.
La exdirectora comercial de la consultoría reconoció ante la juez el pasado mes de febrero que el empresario le ordenaba hacer facturas cuyos conceptos no se correspondían con la realidad. La extrabajadora de Azetanet también admitió que su jefe le había ordenado comprar listas de autónomos. La Policía Nacional señala en el sumario que algunas de las entidades dirigidas por Crespo y otros imputados en la trama eran "chiringuitos para captar subvenciones", por lo que carecían de socios. Por ello, compraban listados de autónomos para justificar su representatividad ante las administraciones.
El supuesto cabecilla se negó a testificar en el Juzgado por "desconocer" de qué se le acusa , pero en las declaraciones que realizó ante los medios de comunicación insistió en que todos los cursos se ejecutaban, algo de lo que dudan los agentes de la Policía Judicial que investigaron los hechos. "Los cursos están bien hechos, están bien inspeccionados, están registrados por la Xunta, están auditados, justificados económicamente. Esto no es porque los cursos no se hiciesen, primera mentira. Tendríamos que ser auténticos magos para no hacer los cursos y que nos los pagasen. Yo no pagaba para no hacer los cursos, pagaba para que me los adjudicasen", reconoció Crespo a LA OPINIÓN el pasado mes de febrero, al tiempo que añadió: "Evidentemente, los políticos están implicados, están mintiendo, se están desmarcando".
La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, no precisó ayer si acudirá el jueves al acto de conciliación previo a la querella por injurias y calumnias presentada por Crespo contra ella por acusarlo de no ejecutar los cursos. La conselleira subrayó que no entrará "en su juego", al tiempo que se mostró convencida de que "detrás" reside la intención de "despistar de lo más importante".
