'Operación Pokemon'
La juez extiende las sospechas de los enchufes del Gobierno municipal más allá de Vendex
De Lara deduce que pudo haber una recomendación para contratar a una mujer en una empresa que realizó servicios para el Plan Rúa - Comprueba datos de la Seguridad Social de 54 personas
a coruña
Pinchazos telefónicos al delegado de Vendex en Galicia. Correos electrónicos procedentes del volcado judicial de ordenadores de imputados. Currículos en papel requisados en las oficinas de la empresa investigada en la Pokemon con nombres de los supuestos recomendadores escritos a bolígrafo. Son las piezas del puzle que tratan de encajar desde Lugo para demostrar si realmente en el Concello de A Coruña existía una "agencia de colocación" de afines o a llegados a través de las contratas públicas. En el último auto, la instructora Pilar de Lara apunta a que dichas "recomendaciones" podrían ir más allá de la multiservicios investigada.
La magistrada introduce la presencia de una empresa distinta a Vendex en el auto emitido el pasado lunes. Habla de otra firma, a la que le adjudicaron un servicio en el Plan Rúa, según el perfil del contratatante de la web municipal. El escrito desvela un correo electrónico enviado por el primer teniente de Alcaldía a dicha empresa, "remitiéndole un currículum" de una mujer "con la finalidad de que elabore material informativo". Dicha mujer, prosigue De Lara recogiendo las investigaciones de Vigilancia Aduanera, sería familiar de una alto cargo de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el auto, la magistrada habla de una "lista" de la que eran conocedores tanto Julio Flores como José María Tutor "para contratar a determinadas personas que podrían ser próximas por razones diversas a la nueva Corporación, de tal forma que vendría a operar a modo de agencia de colocación de empleo, función que desde luego no corresponde a los Ayuntamientos, salvo que se haga de forma disciplinada, reglamentaria, y sujeta a los principios de igualdad".
Al número dos del Gobierno del Partido Popular la "lista" le parece una historia de "ciencia ficción" y que se haya bautizado al Concello como "agencia de colocación" es, para el edil, "una auténtica chorrada". Se siente especialmente lesionado por el proceso. "No vale todo, no puede valer todo en la instrucción de un sumario, porque tengo la sensación de estar en la Edad Media, donde una simple sospecha servía para llevar a alguien a la hoguera", dijo en declaraciones a una emisora local tras conocerse el nuevo capítulo judicial.
La magistrada solicitó el lunes a la Seguridad Social y Hacienda datos de 54 personas que, sospecha, podrían haber sido enchufadas en filiales de Vendex con adjudicaciones municipales. Quiere comprobar si dichas personas, con nombres captados en correos electrónicos o currículos intervenidos, fueron finalmente fichadas. Ya había hecho una petición similar en febrero del pasado año sobre otras doce personas. Siete de ellas fueron convocadas en julio en los juzgados de Lugo para que la instructora les tomase declaración como testigos.
"Ya a lo largo de la investigación se revelaba la relación directa que existía entre la consecución de contratos y la contratación de personal", argumenta la juez instructora en el auto en el que autoriza Aduanas a profundizar en su investigación sobre las posibles recomendaciones. La magistrada deduce que habría una relación causa-efecto entre favorecer laboralmente a alguien señalado por miembros del Ejecutivo municipal, altos cargos o funcionarios y la obtención de contratos. "Tal como se ha constatado en las intervenciones telefónicas, las personas enchufadas son en ocasiones, parientes o amigos de los cargos y empleados públicos del Ayuntamiento o, en otros casos, se trata de personas afines al gobierno municipal", añade.
Es el mismo auto en el que, por primera vez aunque sin que se produzca ninguna imputación nueva por el momento, De Lara indica que el primer teniente de Alcaldía, que ya tuvo que ir a declarar como imputado por delitos de tráfico de influencias y cohecho a Lugo, "no actuaría aisladamente, sino que lo haría con el posible conocimiento y consentimiento de sus compañeros de gobierno, incluido el propio alcalde, don Carlos Negreira". El auto expone en sus fundamentos que algunos de los correos electrónicos donde "se solicita la contratación de personas o se adjuntan currículos son reenviados a otros concejales" y al regidor.
Negreira niega los hechos y sentencia que si hubiese tenido conocimiento de alguna irregularidad, lo habría "denunciado" en la instancia pertinente. "Lo que tengo que decir sobre esto [el auto firmado el lunes] es que son los mismos hechos y, sobre ellos, se construyen nuevas conjeturas. Lo que nosotros queremos es pasar de las conjeturas a los hechos probados, que se termine lo antes posible la investigación y colaborar con la jueza en esa investigación", afirmó tras conocer cómo el nuevo movimiento desde los juzgados de Lugo lo ponía bajo la lupa.
Otra de las novedades del auto fue la inclusión del nombre de la empresa no relacionada con Vendex antes citada, que incluye la juez como receptora de un supuesto enchufe por orden de Flores. ¿Podría investigarse desde Lugo si esta o más empresas con concesiones en el Concello tendrían el mismo modus operandi respecto a la política de contratación o tendría De Lara que remitirlo a un juzgado coruñés?
En febrero del pasado año el abogado del número dos del Gobierno del PP, Esteban Rico, intentó trasladar a los tribunales de la ciudad la ramificación coruñesa -conocida como Pikachu- por estar situados los hechos con el Ayuntamiento de A Coruña. La petición fue denegada al argumentar a instructora que hay una "unidad de investigación" en torno a la empresa Vendex con un "plan preconcebido" que exige ver la causa "en todo su conjunto".
La 'Pokemon' entra en campaña
La operación contra una supuesta trama de corrupción en torno al conglomerado de empresas multiservicio Vendex y sus contratos con las administraciones públicas sigue generando nuevos capítulos a las puertas de la campaña electoral. "No voy a hacer ninguna valoración", respondió el regidor coruñés en una comparecencia pública cuando fue preguntado si relacionaba los últimos trámites iniciados desde el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo con la proximidad de las elecciones municipales, donde el Partido Popular se juega la mayoría absoluta que le ha permitido gobernar estos cuatro años.
Carlos Negreira -que reprochó a la juez que realizase "nuevas conjeturas" sobre "los mismos hechos"- no teme públicamente a la potencial influencia negativa de la operación Pokemon sobre los resultados que vayan a cosechar el 24 de mayo.
Para el alcalde, la proximidad de las elecciones municipales y la sombra judicial sobre el Ayuntamiento coruñés no tienen relación, y sostiene que, "desde luego, la política es una cosa y la Justicia otra". "Lo que se haga en el proceso judicial es lo que se tiene que hacer y lo que corresponda hacer a la Justicia que lo haga", opinó en la comparecencia ante los medios de comunicación.
La lista del PP todavía no está confeccionada o, por lo menos, no se ha hecho pública. Es habitual que el partido espere hasta el último momento para su presentación, prevista para los albores de abril. Negreira tiene la última palabra, a la vista de la primera persona de singular que emplea al hablar de ello: "La hago siempre en los dos últimos días de plazo porque hasta el mes ese toca gobernar". Decidirá pues si finalmente Julio Flores, bastión del PP local, quien estuvo a su lado desde que llegó a A Coruña como aspirante a la Alcaldía, repetirá en la candidatura que concurrirá a las urnas dentro de dos meses.
Quien ya ha dicho que no irá es el otro concejal imputado, José Nogueira, un veterano edil socialista superviviente del vazquismo que intentó sin éxito que la magistrada anulase las sospechas sobre su persona. Decidió retirarse para "no perjudicar" a su formación.
Coincidirán también con el inicio de la campaña electoral las declaraciones de 39 personas -incluidas José María Tutor y el exedil nacionalista Xan Martínez Cajigal-, imputados por la supuesta retirada de multas de la grúa y la ORA a través de la concesionaria, Doal, filial de Vendex. Las primeras serán el 30 de abril. En la lista de ciudadanos figuran funcionarios, algún trabajador de Vendex y personas relacionadas de algún modo con el Ayuntamiento coruñés.
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