'Pikachu' ignora la ética

Mientras las operaciones judiciales contra la corrupción salpican a la mayoría de ayuntamientos gallegos, la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) aprueba un código ético. Esta semana el organismo, del que forman parte los 315 concellos y las cuatro diputaciones provinciales, dio el visto bueno al documento. "Es necesario garantizar en el proceder de los cargos electos y personal de la administración pública un comportamiento ético, ejemplar y honorable", advierte el órgano en el escrito, en el que no hay ni una sola referencia a las medidas concretas a tomar contra aquellos políticos que incumplan las directrices acordadas.

La Fegamp, al menos sobre el papel, se propone ir más allá del "estricto cumplimiento de la legalidad vigente" y exigir a los dirigentes gallegos "sentido de la responsabilidad, voluntad de servicio público, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones". Las seis páginas del código pactado por todos los ayuntamientos están repletas de buenas intenciones. El objetivo es claro: devolver a los ciudadanos la confianza en los políticos. Las recomendaciones del documento son obvias. Así, dedica diferentes apartados a asuntos como la lealtad institucional, el respeto, el conflicto de intereses o la gestión de los recursos, pero no destina una línea a las consecuencias de ignorar el código.

La Fegamp exige ética, al igual que los reglamentos de los partidos políticos, unos escritos que cada uno interpreta a su manera. En A Coruña, el PSOE decidió prescindir de su concejal imputado en la Pokemon, José Nogueira, la próxima legislatura. No irá en las listas. El PP, sin embargo, todavía no se ha pronunciado sobre si el primer teniente de alcalde, Julio Flores, sospechoso de los mismos delitos que Nogueira -cohecho y tráfico de influencias- formará parte de su candidatura a las elecciones que se celebrarán en mayo. Por el momento, los dos ejercen su cargo de ediles en el Concello y presumen de que su intención es "colaborar con la Justicia". En la operación Pikachu, la rama coruñesa de la Pokemon, que investiga las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos, también está imputado por cohecho Xoán Martínez Cajigal, exconcejal del BNG.

Los pinchazos telefónicos realizados por los agentes de Vigilancia Aduanera revelan conversaciones comprometidas de Flores y Nogueira. El número dos de Negreira, el primer día que se sentó ante la juez instructora, Pilar de Lara, negó reconocer su voz. Su oído mejoró en su segunda comparecencia como imputado ante la magistrada, el pasado 30 de junio. Su memoria, sin embargo, siguió igual de frágil que en la primera, ocho meses antes. "No recuerdo haber hecho estas llamadas", "he dicho que no recuerdo esa conversación"... son algunas de las respuestas más repetidas al escuchar las grabaciones en las que, presuntamente, le solicita enchufes al delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor.

Uno de los artículos de la propuesta de la Fegamp aprobado esta semana establece que los políticos no utilizarán "nunca" su puesto "para obtener ventajas para sí mismos, para otras personas, instituciones o empresas". El código del organismo no hace referencia a la forma de actuar exigible a los dirigentes públicos involucrados en presuntas tramas de corrupción. De hecho, es habitual que sus abogados defensores dejen a un lado su condición de políticos y las normativas éticas y se aferren a los posibles defectos de forma para intentar evitar la acción de la Justicia. El letrado del primer teniente de alcalde solicitó el pasado mes de septiembre la nulidad de todas las escuchas telefónicas de la operación Pokemon basándose en un posible error procedimental. Su petición fue rechazada por De Lara.

Marea Atlántica considera "inaudito" que el documento pactado por los ayuntamientos gallegos "ni siquiera mencione" la destitución de las personas relacionadas con casos de corrupción. "Los cargos electos y personal de confianza de la Marea se comprometen a renunciar de forma inmediata ante la imputación judicial de delitos relacionados con corrupción", indicó ayer el candidato de Marea Atlántica a la Alcaldía, Xulio Ferreiro, quien garantizó que cuando su partido llegue a María Pita "no se podrá repetir un caso como el de Julio Flores". Ferreiro también denunció que el código de la Fegamp no impone un "techo" a los salarios de los políticos y cargos de confianza.