El alcalde, Carlos Negreira, defiende que la denuncia contra Francisco Vázquez y otros seis ediles ante el Tribunal de Cuentas para que asuman la responsabilidad económica de Someso, tasada en 19,2 millones de euros, es lo único que puede y tiene que hacer. No se revisarán, por tanto, los acuerdos tomados en 2004, 2005 y 2006 por aquel Gobierno vazquista, claves en la tramitación del polígono. Y eso que el Tribunal de Cuentas advirtió en diciembre de 2014, que la anulación administrativa de aquellas decisiones es un elemento "decisivo" para poder dirimir las posibles culpabilidades.
"He pedido para ver si el Tribunal de Cuentas decía eso y me han dicho que no existe ningún párrafo donde diga eso, pero podría ser que lo dijera y en todo caso sería su opinión, que yo tengo que contrastar con los servicios jurídicos del Ayuntamiento", respondió ayer el regidor coruñés.
La apreciación de la que dice no tener constancia el alcalde está incluida en un acta de liquidación, firmada a las 12.30 del 9 de diciembre de 2014, en la que el instructor de la causa, que elevó el BNG ante Cuentas y a la que se sumó más tarde el Concello, señala lo siguiente respecto a la venta del aprovechamiento municipal en el sector a los promotores, aprobada en una junta de 2005: "Debemos considerar (...) que no ha sido impugnado en vía contencioso-administrativa, por lo que ha permanecido inacatado, desplegando todos sus efectos jurídicos. Este acuerdo de la Junta de Gobierno Local constituye a juicio de este instructor un elemento decisivo para despejar hipotéticas responsabilidades contables".
Un mes después, también la Fiscalía del órgano se pronunciaba en la misma línea, mostrándose contraria a la celebración de un juicio contable -finalmente sí se acabó abriendo- porque los acuerdos sobre el polígono adoptados durante el mandato del socialista Francisco Vázquez no han sido impugnados y continúan en vigor. "Este acuerdo [el mismo de septiembre de 2005] no fue impugnado en la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que goza de plena validez", señaló el fiscal, que no percibió indicios de delito en los hechos denunciados por el BNG.
La caducidad
Otro de los argumentos que pone encima de la mesa Carlos Negreira para rechazar la revisión de los acuerdos es que el plazo ha expirado. Lo reiteró ayer en respuesta a la prensa. "Hace tiempo pasaron ya los cuatro años para poder hacer la revisión de oficio que podría haber hecho el bipartito cuando gobernó y no cabe esa revisión, eso es el criterio de la asesoría jurídica y yo no tengo mejor criterio que el de los servicios municipales", alegó aludiendo a la opinión de los letrados del Ayuntamiento.
Es un razonamiento que ya esgrimieron en algún pleno y que desmintió seguidamente el portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, que hasta cuatro veces solicitó esta revisión en el salón plenario, las cuatro veces que fue denegada. En aquel momento, el Ejecutivo omitió señalar que en el caso Someso concurren actos nulos de pleno derecho en el procedimiento de gestión, ante los que no caben plazos de caducidad para la revisión de oficio, como recordó el BNG en las múltiples ocasiones en las que pidió la anulación.
Sí se hizo, por ejemplo, con el convenio que firmó Francisco Vázquez con Instituciones Penitenciarias para que la cárcel de la Torre volviese a manos municipales. El convenio también es del año 2005 y el propio alcalde popular, Carlos Negreira, anuló el acuerdo a finales del año pasado cuando ahora se niega a tomar la misma medida con los convenios del recinto ferial.
La decisión de anular los acuerdos es algo que, por el momento, está descartado. El alcalde, ya interpelado el pasado viernes por tal cuestión, atribuyó la decisión a los "servicios jurídicos" hasta en seis ocasiones desligándola de cualquier motivación política. "Nuestro objetivo siempre ha sido esclarecer los hechos y desde luego intentar que los coruñeses no sufran penalizaciones económicas por cuestiones que se hayan hecho en otros gobiernos", respondió.
