Los policías advierten menos presión municipal para retirar coches con la grúa

Cuantos más vehículos retire la grúa, menos deberá pagar el Ayuntamiento a la concesionaria del servicio, Doal, empresa que pertenece al grupo Vendex, sobre el que gira la operación Pokemon, que investiga adjudicaciones irregulares de contratos públicos a cambio de sobornos. Ese fue el acuerdo al que llegó el Gobierno dirigido por Francisco Vázquez con la compañía en 2005 y que desde 2008 ha costado a las arcas municipales 3,63 millones. El contrato adjudicado a Vendex en 2005 obliga al Ayuntamiento a asumir las pérdidas que registre la empresa por prestar este servicio.

El representante de la Asociación Profesional de la Policía Local, Manuel Aceña, reconoce que "durante toda la década de los 90 y parte de 2000" los agentes del 092 recibían presiones del Ayuntamiento para aumentar el número de coches retirados por la grúa. En la actualidad, la presión ha disminuido, según Aceña, quien recuerda que en 2011 un delegado sindical fue expedientado por denunciar la situación. "Las grúas deben estar al servicio de la policía; no la policía al servicio de las grúas", recalca el presidente de la Asociación Profesional de la Policía Local.

El alcalde, Carlos Negreira, se propuso hace cuatro años, cuando asumió el bastón de mando de María Pita, eliminar o rebajar el déficit de la grúa y la ORA que tiene que cubrir el Ayuntamiento por el contrato firmado por el Ejecutivo vazquista. Las pérdidas, sin embargo, continúan ininterrumpidas desde 2008. La Junta de Gobierno Local dio el pasado lunes el visto bueno al pago de 105.283 euros por este concepto en diciembre de 2014 y enero de 2015. "Nosotros no asumimos de ninguna manera la responsabilidad de las pérdidas. El que debe responder es el que comprometió las arcas municipales con la firma de ese contrato que no tiene sentido", subraya Aceña, quien califica de "inconcebible" que la Policía Local deba retirar por contrato un determinado número de coches con la grúa para no tener que pagar a la concesionaria. Los agentes, en estos momentos, debido al conflicto laboral por el incremento de salario que exigen, tan solo denuncian los casos "obligatorios". Aceña reconoce que pudo afectar "algo" en la disminución del número de vehículos retirados, pero matiza que la protesta no tiene esa finalidad.

El Ejecutivo municipal activó en octubre de 2012 una investigación para supervisar la concesión, ya que sospechaba que Doal reducía los ingresos y aumentaba los costes de su servicio mediante una doble contabilidad. El Concello, por el momento, no ofreció conclusiones de este examen. Para certificar la información enviada por la concesionaria, el Ayuntamiento realiza un control semanal aleatorio por muestreo del material -tiques diarios y soportes justificativos presentados-. El Ejecutivo que dirige Negreira acordó el pasado mes de junio precipitar la rescisión del contrato con Doal. La concesión, adjudicada en mayo de 2005, tenía una duración de 10 años, prorrogables por dos años más, hasta un máximo de 12.