Las cicatrices de Someso

Negreira garantizó que, ya en el Ejecutivo, buscaría a los responsables para que asumiesen sus actos y encargó un informe interno a dos funcionarias independientes que desveló cómo se había llegado a aquella situación y tasó el desastre: 19,2 millones que se perdieron por el camino, añadidos a las indemnizaciones, con intereses, de los propietarios de las fincas, que ganaron casi todos los pleitos que interpusieron en los tribunales.

Hoy, Someso es un lego a medio hacer con varias licencias de construcción caducadas por el despeñamiento del modelo del ladrillo. Y nadie ha asumido el desastre. El Gobierno local ha demandado ante Cuentas a Francisco Vázquez y seis ediles pero rechaza anular los acuerdos que tomaron entre 2004 y 2006, algo que el tribunal considera "decisivo" para poder dirimir las "hipotéticas responsabilidades contables".

E"Irregularidades". El 13 de diciembre de 2012, el primer teniente de Alcaldía, Julio Flores, convocaba a los medios de comunicación para anunciar que pondría lo resultados del informe de las funcionarias en manos de la Fiscalía. Avanzaba "tres ejemplos" de irregularidades halladas. El primero, que se hizo "una venta directa de los terrenos municipales a la Junta de Compensación [presidida por Antonio Fontenla] cuando se tenía que haber llevado a cabo mediante un concurso público". El segundo, que una serie de propietarios aportaron terrenos de titularidad municipal a dicha junta "sin que el Gobierno municipal defendiese la propiedad pública de esas fincas". Y, por último, la "inacción" del Ejecutivo tras el conocimiento de las primeras sentencias que ordenaban la reversión de las parcelas expropiadas para levantar el campo de fútbol del Relámpago.

El concejal del Partido Popular aseguraba que el informe abría "indicios de posibles delitos", ya que las "presuntas irregularidades" cometidas causaron, por un lado, pérdida de patrimonio municipal y, por otro, "tener que afrontar indemnizaciones millonarias con el dinero de todos los coruñeses".

ELa Fiscalía reprende. El Gobierno local, con este informe completo que ponía en firme por primera vez datos objetivos sobre la tramitación de Someso y números a las pérdidas patrimoniales sufridas por las arcas municipales, fracasó en su siguiente movimiento. Remitió a la Fiscalía Provincial de A Coruña el documento, sin mayor añadido, para que investigase. Pero se topó con un portazo por, según dictó el Ministerio público, su erróneo planteamiento.

Era la primera semana de febrero. El fiscal reprochaba al Gobierno local que su papel no era "dar el visto bueno a ningún informe elaborado por la Administración local". Tras analizar el estudio interno sobre las irregularidades de Someso, la fiscal encargada del caso advirtió de que el Ejecutivo de Carlos Negreira no realizó ninguna denuncia con "relevancia penal alguna" puesto que ni era "capaz de individualizar responsabilidades, esto es, sin señalar ningún potencial delito ni ningún potencial culpable ¿La consecuencia? El archivo, informando al Ejecutivo de que, si su deseo era que se investigase la ilegalidad de los hechos, tomase otro camino y presentase una denuncia en el juzgado. No se hizo.

El Gobierno local se quedó estupefacto ante la contundencia de la Fiscalía, al espetarle que sus intenciones no podían progresar porque decidieron no concretar ningún delito ni ningún sospechoso de cometerlo. Tanto el alcalde como el portavoz del Gobierno local, Julio Flores, se declaraban "sorprendidos" por la "rapidez" con la que el Ministerio público había desechado su denuncia, con reproches inéditos al órgano.

"La Fiscalía ha incoado y archivado el expediente en un tiempo récord de quince días, y no ha pedido documentación adicional, ni siquiera ha contactado con el Ayuntamiento para comprobar documentación que se podría aportar para probar la falsedad de determinados documentos. Es evidente que, al igual que los ciudadanos, estamos sorprendidos", aseguraba el portavoz. El Gobierno local ya había criticado públicamente al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia porque sus intentos de frenar las indemnizaciones de Someso se topaban una y otra vez con negativas sin siquiera atender a sus alegaciones.

ELa primera denuncia en Cuentas. El primero que se presentó con el caso ante el Tribunal de Cuentas fue el exedil socialista José Antonio Sánchez Penas. Los hechos denunciados por el particular, que presentaba el primer escrito el 16 de enero de 2013, consistían en "presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el Concello", según recoge Cuentas, que resume la secuencia de hechos desde que el caso llega a sus despachos en un documento (liquidación provisional) del pasado 9 de diciembre.

Señalaba el denunciante que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó al Concello a pagar ocho millones de euros -la cantidad iría aumentando en sentencias posteriores- a propietarios a los que expropió unos terrenos para construir un campo de fútbol y que nunca llegó a usar para este fin, "sino que los incluyó en el ámbito de la urbanización de viviendas y área comercial de un recinto ferial (Someso)". Cuentas le da opción a Sánchez Penas a personarse en la causa o quedarse solo como denunciante y opta por lo segundo.

Sánchez Penas también había iniciado un proceso ante el Contencioso-administrativo, que acabó con la apertura de diligencias penales para investigar la posible incompatibilidad legal de la tramitación del polígono durante el mandato de Francisco Vázquez con los negocios de la familia del exalcalde con el empresario Antonio Fontenla, presidente de la junta de compensación que agrupa a los promotores del sector. Fue finalmente archivado y el denunciante pugna ahora por que la Audiencia Provincial siga con la investigación.

ELa decisión del BNG. Paralelamente, el grupo municipal de BNG, a través de su portavoz, Xosé Manuel Carril, presentaba una denuncia pocos días después que el exedil, el 21 de enero, "siendo su objeto las actuaciones urbanísticas presuntamente irregulares cometidas por el Ayuntamiento de A Coruña en el sector 7 (Someso)". Carril sí se persona en las diligencias preliminares para ejercer la acción pública de responsabilidad contable. Por solicitud del Ministerio fiscal, y al existir dos diligencias preliminares abiertas, el 3 de junio de 2013 se acumulan ambos procesos, que pasan a formar parte de una instrucción única. El Tribunal de Cuentas nombra un delegado instructor para el caso.

ELas contradicciones del Gobierno local. En uno de los capítulos más rocambolescos de esta cronología del caso en el tribunal económico, el Concello llega a contradecirse ante el órgano sobre la responsabilidad contable en Someso. Envió un escrito el 21 de febrero en el que defendía que no había culpabilidad y, tras doce días, rectificaba en otra comunicación y pedía que se investigase. El documento inicial lo tenía claro: todo se hizo conforme al la ley. Los hechos, argumentaban los servicios jurídicos municipales, "no revisten caracteres para iniciar el procedimiento de reintegro por alcance ni para exigir otro tipo de responsabilidad contable".

Además de descalificar al denunciante Sánchez Penas como "el infatigable" y a la denuncia del exconcejal socialista como el relato de un "batiburrillo de actuaciones", los abogados concluían que las indemnizaciones a los propietarios de los terrenos no producían "daño efectivo a fondos públicos" puesto que el Concello estaba "obligado a indemnizar por el valor obtenido con la venta de dicho aprovechamiento, incluso por un precio un poco inferior". Se ponen a disposición del órgano para facilitar información y solicitan el archivo.

Pero solo 12 días después, la contundencia municipal fue "matizada". El 5 de marzo se envía al Tribunal de Cuentas un segundo documento, que no estaba firmado por letrados del servicio jurídico municipal, sino directamente por el entonces director de la Asesoría Jurídica, Alfonso García Magariños, y la teniente de alcalde de Administración pública, Rosa Gallego. Rectifican el escrito pero mantienen la petición de archivo.

"Las manifestaciones vertidas en el escrito de fecha 21-2-2013 no son reflejo de la postura municipal", se desdice el Ayuntamiento, "en lo relativo a la consideración de la no existencia de responsabilidad contable, por lo que se solicita no sean tenidas en cuenta a la hora de valorar tal circunstancia". Por esta causa pide expresamente que Cuentas "deje sin efecto" ese aspecto del argumentario remitido hacía dos semanas y "matiza" que la solicitud de archivo se refiere "únicamente a los hechos denunciados por el señor Sánchez Penas, por su inconcreción y falta de precisión". El 15 de marzo el Concello hacía público que García Magariños presentaba su dimisión. Lo sustituiría al frente del gabinete, Javier Fariña Mato, funcionario de carrera del Concello coruñés e hijo del exsecretario municipal, Francisco Javier Mato Pet.

Solo un día antes de la enmienda a sus propios actos y, detrás del BNG, era el propio Concello el que enviaba una denuncia al Tribunal de Cuentas para que investigase lo que había pasado en la tramitación del ámbito. Lo hizo una vez que Fiscalía archivó en febrero el caso porque la presentación realizada por el Ayuntamiento no denunciaba a nada ni a nadie.

ELa revisión de los acuerdos. En la liquidación provisional del Tribunal de Cuentas sobre el caso -paso previo a la decisión de abrir o no juicio contable-, el órgano concluía que no se daban los requisitos establecidos para buscar responsables contables por "alcance o malversación". Pero en el mismo documento, de 9 de diciembre de 2014, también advertía de que para hacerlo, el Concello tendría que anular o haber anulado tres acuerdos clave para la tramitación del recinto ferial, que se tomaron durante juntas de gobierno vazquistas entre los años 2004, 2005 y 2006.

Concretamente, se refiere a la decisión de septiembre de 2005, de vender a los promotores de Someso el aprovechamiento urbanístico al que tenía derecho el Concello en la zona para vivienda de protección y vivienda libre. "Debemos considerar (...) que no ha sido impugnado en vía contencioso-administrativa, por lo que ha permanecido inacatado, desplegando todos sus efectos jurídicos. Este acuerdo de la Junta de Gobierno Local constituye a juicio de este instructor un elemento decisivo para despejar hipotéticas responsabilidades contables", concluye el órgano en el acta de liquidación provisional.

ELa apertura del juicio. El Tribunal de Cuentas, finalmente, decidía el pasado 21 de enero abrir juicio para aclarar las responsabilidades contables en la gestión urbanística de Someso. Abría un procedimiento judicial como consecuencia de "una serie de irregularidades" cometidas por el Ayuntamiento en la tramitación de uno de los desarrollos de la burbuja inmobiliaria coruñesa.

ELa decisión del Gobierno local. Una vez abierto el juicio, Cuentas da paso a un periodo para presentar sus demandas, que expiró el día 23, según explicó esta semana el alcalde, Carlos Negreira. Por primera vez en la legislatura y tras cuatro años de mandato esquivo en plenas y ruedas de prensa con señalarlo directamente, el Ejecutivo dice a Cuentas que es Vázquez y su equipo municipal -Javier Losada, Carmen Marón, Carlos González-Garcés, Mar Barcón, Nieves Vázquez y Florencio Cardador- los que deben pagar los casi 20 millones que, según informe interno, se perdieron por el camino de la tramitación. Por ejemplo, por la desaparición de parcelas patrimonio del Concello que se incorporaron a las propiedades de los promotores sin que se reclamasen, entre otras cuestiones, por errores en el inventario municipal, o por convenios de permutas de terrenos con familias de renombre de la ciudad.