El Concello responsabiliza a Albada de que los rechazos superen el 35% de los residuos

La responsabilidad de que el volumen de basura que la planta de Nostián no puede reciclar sea del 55% en lugar del 35% que se fijó en el momento de su apertura corresponde a la concesionaria de la instalación, según el Gobierno local. Así se lo explica a la empresa Albada en la desestimación de las alegaciones que la empresa planteó contra la declaración de lesividad del acuerdo adoptado en abril de 2011 por el anterior Ejecutivo municipal que obliga al Ayuntamiento a pagarle 3,37 millones de euros más cada año durante una década por el tratamiento y transporte de los residuos no reutilizables. Tras rechazar las alegaciones, el Ayuntamiento enviará la declaración de lesividad a los tribunales para que la declaren válida o no.

Albada argumentó que el nivel de rechazos del 35% no figura en el contrato de la concesión como una obligación, sino que fue una estimación que realizó la empresa acerca de su futura actividad, a lo que el Gobierno local replica que este volumen "fue uno de los aspectos a valorar para adjudicar el contrato" y que no se puede "pretender que el Ayuntamiento tenga que asumir el extracoste producido" por la superación de la previsión. Si se aceptara la tesis de la empresa, según los responsables municipales, el Concello "debería permitir el incumplimiento del contrato y además sufrir las consecuencias".

Otra de las justificaciones aportadas por Albada para el cobro de los 3,37 millones de euros es que el Ayuntamiento modificó de forma radical el sistema de gestión de residuos, a lo que se contesta que cuando la empresa solicitó el pago de esa cantidad aludió a la aprobación en 1998 por la Xunta de la Declaración de Efectos Ambientales de la planta, que impidió utilizar el vertedero proyectado por la empresa en la oferta que hizo para optar al contrato. La administración autonómica solo le permitió construir un depósito que podría utilizar durante dos años y con un máximo de 125.000 metros cúbicos de residuos, lo que Albada asegura que le obligó aumentar sus costes de explotación y a realizar nuevas inversiones.

El Gobierno local considera "incorrectamente motivado" el acuerdo de 2011 al estimar que la Declaración de Efectos Ambientales no causó un desequilibrio económico a la concesionaria, a la que también niega que la llegada de residuos a la planta de forma incorrecta, lo que impide su reciclaje y origina un alto número de rechazos, debía ser "una de las previsiones tenidas en cuenta por la empresa para realizar su oferta".

Obligación de la empresa

La respuesta a la alegación recuerda que en el pliego de condiciones del concurso que ganó Albada se mencionaba que los aspirantes al contrato tendrían que presentar un estudio sobre los desechos producidos en A Coruña y que por esta razón "era una obligación de la empresa conocer el tipo de residuos generados en el municipio". Para el Gobierno local, que la realidad sobre la basura fuese diferente "es una circunstancia perfectamente previsible" y que "entra dentro del ámbito de riesgo y ventura", sobre lo que recuerda una sentencia del Tribunal Supremo que desestima la reclamación de la concesionaria de una autopista de peaje por la caída del tráfico, en la que argumentaba que ese factor le hacía perder ingresos.

El Ejecutivo municipal señala además que el acuerdo de 2011 se justificó en el cambio de las condiciones del contrato y no por la aparición de un riesgo imprevisible, lo que a su juicio justifica que se le declare lesivo para el Ayuntamiento por tener una "motivación incorrecta".