15 de abril de 2015
15.04.2015

La Escola Galega de Consumo pedía a Azetanet nombres de firmas para invitarlas a concursos

La directora del organismo alegó que solicitar información a la adjudicataria sobre competidoras era una práctica habitual por su desconocimiento del sector y de las empresas con ese perfil

15.04.2015 | 01:01

Un empresario, imputado por falsedad documental, dice que se presentó a los concursos para ganar y no "de relleno"

La directora de la Escola Galega de Consumo, Esther Álvarez, admitió ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña que cuando se sacaba a concurso algún contrato por procedimiento negociado se preguntaba a la empresa adjudicataria del servicio por otras dos empresas que realizasen la misma actividad y que pudiesen competir con la actual concesionaria. Esta declaración está enmarcada dentro de la instrucción de la operación Zeta, que investiga el presunto fraude para conseguir ayudas públicas en la organización de cursos de formación y cuyo presunto cabecilla es el empresario coruñés Gerardo Crespo, a través de la firma Azetanet y sus filiales.

Álvarez explicó ante la juez que, cuando se abría un concurso por procedimiento negociado, se invitaba a la empresa que estaba prestando el servicio entonces y que, por el desconocimiento que el personal de Consumo tenía en el sector de los cursos de formación, pedían a la adjudicataria, en este caso a las empresas de Crespo, que les diese dos nombres de firmas que pudiesen competir contra su oferta. Esther Álvarez, imputada por tráfico de influencias, alegó que esta era una práctica habitual y que, además, venía derivada de la falta de empresas que se dedican a la organización de cursos de formación.

Esther Álvarez, al igual que la jefa de servicio del Instituto Galego de Consumo, Isabel Caramés, también imputada por tráfico de influencias, repitió en su declaración que no era un alto cargo de la Xunta y que, por encima de ella, en el organigrama, hay al menos dos personas más.

La declaración de Álvarez ante la juez duró más de una hora y ahondó en la idea de que, en ningún momento, el objetivo del personal de Consumo era que a las ofertas se presentasen "empresas de paja", sino que pedían referencias a Azetanet para contar con varios presupuestos competentes y para poder elegir entre ellos a la futura adjudicataria del servicio. En estos casos, las empresas vinculadas a Azetanet que estaban ya prestando el servicio eran también invitadas a participar en el concurso.

El empresario Carlos Fernández Abreu, que también está imputado en la causa por tráfico de influencias, aseguró ayer que siempre que se había presentado a los concursos a los que le habían invitado lo había hecho para ganar.

En su declaración, el imputado aseguró que se había extrañado cuando había visto que su oferta había sido puntuada muy por debajo de la propuesta que había presentado Crespo y alegó que nunca había mandado ofertas "de relleno" para los concursos.

Isabel Caramés, cuya declaración ante la juez duró algo menos de una hora, aseguró que su labor como jefa de servicio del Instituto Galego de Consumo era de tramitación administrativa y que, prácticamente, le daban todo hecho, por lo que no tenía la posibilidad de introducir cambios en los pliegos de condiciones de los concursos. Caramés aseguró que no conocía al empresario Gerardo Crespo y que realizaba las invitaciones a los concursos por orden de sus superiores, ya que era su labor.

La falta de un informe económico encargado por la juez a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la policía obliga a mover en el calendario las declaraciones de otros imputados en la causa -hay más de treinta-. Las declaraciones previstas para el próximo viernes se han suspendido hasta que el Juzgado de Instrucción número 6 reciba este documento. Para ese día, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, estaban citadas tres imputadas por fraude, estafa y falsedad documental, una de ellas, Patricia García, dirigente del grupo Femxa.

Para el 20 de mayo está prevista la declaración de Milagros Vázquez, la mujer de Eliseo Calviño, el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype). Vázquez está imputada por un presunto fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental. Al día siguiente será Calviño el que tenga que declarar ante la juez, como uno de los presuntos cabecillas de la trama.

La Policía Judicial, que inició la investigación a finales de 2011, concluye en sus informes que las administraciones, sobre todo la Xunta, concedían subvenciones para formación a asociaciones, sindicatos y confederaciones que carecían de la infraestructura y medios necesarios para realizar estos servicios, por lo que subcontrataban a empresas como Azetanet y sus filiales y Femxa. Los agentes concluyen que los dirigentes de estas firmas competían por ser contratadas y, presuntamente, pactaban con los dirigentes de los colectivos subvencionados la devolución de parte del dinero percibido a través de facturas falsas o pagos sin declarar. Los investigadores detectaron diversas irregularidades.

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