Al revés sufrido por el fin de las expropiaciones que realizaba el Ayuntamiento para facilitar la instalación de un ascensor, las comunidades de propietarios afectadas por la negativa del dueño del bajo a esta iniciativa deben sumar ahora la exigencia del Gobierno local de condicionar la aprobación de la subvención a que se constate que se demandará a esa persona para conseguir el suelo necesario, lo que implicará más gastos y además no garantizará la obtención de la ayuda.

A esto hay que unir que los propietarios están siendo requeridos en los últimos días para que realicen obras urgentes de reparación en sus edificios, para lo que el Ayuntamiento se sirve de los informes de evaluación que presentaron durante el año pasado los propios afectados por orden suya cuando solicitaron las subvenciones.

El Ayuntamiento notificó el pasado mes de diciembre a los propietarios que habían iniciado el trámite de expropiación que la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que entró en vigor en junio de 2013, prohíbe a las administraciones locales llevar a cabo estas operaciones y que, por lo tanto, las que estaban en marcha quedaban suspendidas. Para realizar las expropiaciones, el Concello recurría a la Ordenanza de Conservación y Rehabilitación de Inmuebles, cuyo amparo legal eran la Ley de Economía Sostenible y la de Vivienda de Galicia, con la que se declaraba de utilidad pública la expropiación forzosa de terrenos y de partes de edificación para la instalación de ascensores, a condición de que se demostrase que no cabía otra solución técnica.

El Gobierno local reconoció posteriormente este revés y anunció que solicitaría a la Xunta, en coordinación con la Federación Galega de Municipios e Provincias, que se modificase la ley gallega del suelo para hacer posible estas expropiaciones, aunque este cambio legal todavía no se ha producido y no existe ninguna previsión al respecto. Mientras estuvieron vigentes las expropiaciones, cuando se solicitaban se presentaba también la petición de la subvención municipal, que quedaba paralizada hasta que se producía la adquisición del suelo necesario para el ascensor.

En los últimos días el Ayuntamiento notificó a las comunidades que habían iniciado el trámite de expropiación que debían comprometerse por escrito a ejecutar las obras en el plazo establecido si se les concedía la subvención, para lo que les envió unos formularios. La abogada, María Daviña, que representa a varias comunidades que gestionaban expropiaciones contestó que es imposible comprometerse a cumplir ese plazo porque no se dispone del suelo, a lo que le contestaron oralmente que se mantendrán las subvenciones si se justifica que se va a presentar en el juzgado una demanda judicial para ocupar ese espacio.

Una de las comunidades de propietarios recibió el pasado martes una notificación municipal que le da 10 días de plazo para presentar la justificación de la demanda judicial, de forma que si no lo hace el Ayuntamiento entenderá que desiste de recibir la subvención. Daviña detalla que el plazo para resolver las demandas depende de cada juzgado y de cada propietario del bajo, ya que si durante el procedimiento mantiene su negativa y finalmente se llega a juicio, habrá que esperar al menos un año para disponer de la sentencia y durante ese periodo no se garantiza que se conceda la subvención municipal, ya que solo queda en suspenso su tramitación.

El riesgo para los propietarios es que mientras se desarrolla esta acción judicial pueda haber cambios, especialmente cuando las elecciones locales están a la vuelta de la esquina, ya que el próximo Gobierno municipal podría decidir acabar con el programa de ayudas. María Daviña solicitó información sobre los trámites del Parlamento gallego para modificar la ley que permitiría recuperar las expropiaciones, aunque no se le proporcionó ninguna fecha en la que podría aprobarse.

Pero los gastos judiciales no son los únicos que deberán afrontar los propietarios que solicitaron una expropiación para instalar un ascensor, ya que el Gobierno local les conmina ahora a realizar obras en sus edificios en el plazo de dos a tres meses. El informe de evaluación sobre el inmueble -por el que abonaron hasta 2.000 euros a técnicos privados- que les exigió al iniciar la expropiación es aprovechado con este fin.

El Ayuntamiento advertía a los propietarios de que podría utilizar ese documento para elaborar la Inspección Técnica del Edificios, que es gratuita para los ciudadanos, y ahora, después de haber exigido a los afectados que abonasen el coste del informe, les obliga a abordar con carácter urgente las reformas necesarias para garantizar la seguridad del inmueble.