Los empleados de la Compañía de Tranvías de A Coruña han convocado huelga para los próximos 22 y 29 de mayo. El paro se convoca a raíz de los desacuerdos entre el comité de empresa y la dirección de la compañía en el marco de las negociaciones para renovar el convenio colectivo.

Los trabajadores reclaman que se incluya una cláusula que garantice que, en caso de que alguna otra compañía se haga con la concesión en el futuro, los empleados continúen contratados y desempeñando sus funciones en la ciudad. Además, reclaman una subida salarial del 3,5% en los próximos tres años, si bien desde la empresa, por el momento, solo se comprometen a implementarla en los próximos cuatro.

El paro fue acordado en una asamblea celebrada la pasada semana con el voto favorable de más del 65% de los casi 150 participantes. Los sindicatos con representación en el comité CCOO, UGT, CIG y GTT-STL han convocado una comparecencia para hoy con el objetivo de pormenorizar su postura y los motivos de la huelga.

La Compañía de Tranvías acusa a los trabajadores de orquestar un conflicto "artificial y forzado"y aseguran que los sindicatos han decidido convocar una huelga después de dos meses de negociaciones y después de haber alcanzado un preacuerdo. "Tras dos meses trabajando para alcanzar un consenso y un preacuerdo, en cuatro días se rompieron las negociaciones y se convocó una huelga basada en reivindicaciones planteadas a última hora", asegura la concesionaria en un comunicado en el que señala que la primera convocatoria de huelga coincide con la víspera de la jornada de reflexión de las elecciones municipales.

La compañía pretende restar importancia a la convocatoria alegando que, en la asamblea en la que se acordó por mayoría, un 43% de la plantilla no participó. "Teniendo en cuenta la abstención y el resultado, se extrae que sólo el 38% de los empleados se han mostrado favorables a la huelga de manera explícita", aseguran desde la dirección.

La actual concesión del Concello con la Compañía de Tranvías se remonta a diciembre de 1986, cuando el pleno, con el alcalde Francisco Vázquez al frente, aprobó fijar el plazo de la concesión hasta 2023.

La última ocasión en que los trabajadores del autobús urbano amenazaron con ir a la huelga fue en mayo de 2009. Una de sus principales reivindicaciones por aquel entonces era que la adjudicataria mantuviese el dinero que les abonaba a los conductores por cobrar en monedas, ya que cuando no cuadraban las cuentas eran ellos los encargados de pagar la diferencia de su bolsillo. Finalmente el paro fue desconvocado tras llegar a un acuerdo.