El antiguo comité de empresa de la fábrica de armas presentará hoy en la sede de la Audiencia Nacional el recurso dirigido al Tribunal Supremo contra la sentencia que validó el cierre de Santa Bárbara. El escrito, que afecta a 61 trabajadores de MCA-UGT, se fundamenta en considerar que "no hay causas objetivas, ni económicas ni productivas" que justifiquen la decisión de cerrar la planta, ya que los perjudicados sostienen que en el momento del cierre tenía carga de trabajo "suficiente hasta el año 2016".
Así, los afectados aluden en sus alegaciones "a los contratos vigentes con las Fuerzas Armadas relativos a los programas de vehículos, obuses y misiles", tal y como manifestaron en su día en la demanda inicial, presentada en julio de 2013. Además, el antiguo comité de empresa remarca que la cuenta de resultados por la que la compañía justificaba la situación de la planta en el año 2012 "anticipaba erróneamente unas pérdidas a nivel de empresa que cifró en 69 millones de euros cuando, tras la auditoría, éstas fueron en realidad de tan solo 12.000 euros".
Los extrabajadores de la fábrica de armas denuncian que carece de actividad tras su adjudicación, el pasado mes de septiembre, a la empresa Hércules de Armamento, a la que acusan de haber incumplido los compromisos adquiridos con el Ministerio de Defensa. Los exempleados celebraron la semana pasada una asamblea en la entrada a la factoría para analizar la situación que padecen "como consecuencia de la adjudicación por parte de Defensa a una compañía con posibles fraudes y falsedades documentales".
"La actividad industrial sigue sin arrancar. Incumplen las bases del concurso público. Exigimos a las administraciones que hagan investigaciones", aseveró el expresidente del comité de empresa, Roberto Teijido, al tiempo que indicó que sospecha que la intención de las administraciones es "especular con los terrenos". Los afectados denunciaron la situación ante el Gobierno central, la Xunta y el Ayuntamiento.
