La herencia urbanística sobre la mesa

EEdificio Conde de Fenosa. Solo unos pocos días antes de que el PP tomase posesión del Gobierno local en 2011, el Tribunal superior de Xustiza de Galicia daba un plazo de 15 días al Ayuntamiento para que ejecutase la sentencia de derribo del edificio, construido en 1997 a partir de la antigua sede de Unión Fenosa. El escaso plazo concedido obligó a PP y PSOE a reunirse para consensuar una postura sobre el problema antes de que Carlos Negreira ocupase la Alcaldía. Pese a que los populares habían criticado con dureza desde la oposición las gestiones realizadas por los socialistas, cuando hubo que salir de este brete siguieron la misma estrategia jurídica y presentaron un nuevo recurso basado en los argumentos de sus predecesores. A lo largo de los últimos cuatro años todos los intentos municipales de llegar a una solución que evitase la realización de demoliciones y la consiguiente reclamación de daños por parte de los propietarios fracasaron. Negreira acabó por admitir que será necesario acometer obras en el inmueble y el Superior de Galicia estableció el 12 de agosto como fecha en la que debe ser presentado el proyecto mediante el que se ejecutarán esos trabajos. Pero los propietarios de las viviendas y locales se niegan a que sean reformas importantes y exigen que el edificio sea legalizado a través del plan general. Incluso amenazan con reclamar indemnizaciones si no se actúa de este modo, por lo que el nuevo Gobierno local tiene ante sí un serio problema al que debe enfrentarse de inmediato.

EParque ofimático. Durante los últimos cuatro años, el Partido Popular acusó al PSOE de haber adjudicado las obras de urbanización de este polígono residencial en la jornada de reflexión de las elecciones de 2011. Lo cierto es que ese día solo se firmó el contrato de los trabajos, valorados en 42 millones de euros, ya que la adjudicación se efectuó a principios de abril, pero los populares utilizaron ese dato erróneo como un mantra para denostar la labor del anterior Gobierno local con relación a este proyecto urbanístico. Pese a que los promotores propietarios del suelo solicitaron que se paralizasen las obras, el PP lo rechazó y siguió adelante con el plan, acuciado por los cooperativistas, que exigían poder levantar sus viviendas. Pero esto exigía la salida de los últimos habitantes que permanecían en el lugar, lo que originó un largo conflicto cuyo último capítulo fue el desalojo de una familia en San Vicente de Elviña que tuvo una enorme repercusión mediática. En la actualidad, buena parte del ofimático está ya urbanizado, pero los únicos edificios que se construyen son los de las cooperativas, por lo que el nuevo Gobierno local debe decidir si continúa los trabajos y los desalojos. También tendrá que afrontar el conflicto jurídico surgido por la anulación de la contratación de las obras al haberse licitado de forma conjunta el proyecto y la construcción del aparcamiento incluido en esta actuación, sentencia contra la que ya recurrió el Ayuntamiento.

ECantera de Adormideras. Cuando el PP llegó al Gobierno local, los promotores del polígono del Agra de San Amaro reclamaban judicialmente una compensación al Concello tras haber prohibido la Xunta que se construyese en esos terrenos para proteger las vistas de la Torre de Hércules. La solución planteada por el equipo de Carlos Negreira fue intercambiar la edificabilidad de esta zona por la de parcelas situadas en otro punto del municipio cuyo emplazamiento se desveló en junio de 2012: la antigua cantera de Adormideras. La iniciativa no satisfizo a nadie, ya que los promotores recurrieron la inclusión de esta medida en el plan general, mientras que vecinos y colectivos sociales advirtieron de que se afectarían las vistas de la Torre. El BNG planteó además un recurso pero el Gobierno local insistió una y mil veces en que el faro romano quedaría preservado. De forma sorpresiva, a solo dos días de las elecciones, el alcalde dio marcha atrás y anunció el archivo de esta actuación y la búsqueda de nuevos terrenos para compensar a los promotores, tarea que ahora quedará en manos del nuevo Ejecutivo municipal, que también deberá revisar el plan general para anular la construcción del edificio proyectado en la cantera.

EQuiosco cívico. Una de las sorpresas que se llevó al PP al ocupar la Alcaldía fue que numerosas concesiones municipales no se cobraban desde hacía mucho tiempo, por lo que se propuso regularizar la situación. La cafetería Remanso, en Cuatro Caminos, era una de las instalaciones afectadas y se decidió retirársela al concesionario ante el prolongado impago del canon. Una vez conseguido el objetivo, se anunció la reforma del local para su conversión en un "quiosco cívico", aunque este proyecto exige modificar el plan general recientemente aprobado y recibir la aprobación de Patrimonio porque el inmueble afecta al antiguo Camino de Santiago. Los nuevos responsables municipales tendrán que decidir si mantienen esta actuación o si introducen algún cambio en su desarrollo.

ELa Marina. La gran apuesta electoral del PP para este año fue la nueva urbanización del espacio más emblemático de la ciudad, proyecto al que dedicó grandes recursos y una dedicación espectacular que se tradujo en un ritmo de trabajo frenético durante los últimos meses. La transformación de los antiguos jardines y la avenida en una amplia explanada suscitó una controversia en la ciudad, en especial por el elevado coste del proyecto, que incluye un largo túnel en el subsuelo. Pese a los esfuerzos de Autoridad Portuaria y Concello por terminar las obras antes de las elecciones, será el nuevo Gobierno local quien presida la conclusión de esta actuación, en la que aún está pendiente la conexión con el túnel de O Parrote y el remate de la urbanización en superficie.