La concejal de Hacienda en funciones y número dos en la candidatura del PP, Rosa Gallego, y la edil popular de Movilidad y Tráfico en la última legislatura, Begoña Freire, comparecieron ayer ante la titular del juzgado de instrucción número 8 de A Coruña para declarar como imputadas por un delito sin especificar que tiene como origen una denuncia por prevaricación y trato degradante presentada por la exjefa de Transporte del Ayuntamiento. Gallego contó a la juez, según pudo saber este periódico, que la demanda presentada por la exfuncionaria "obedece a un tema de venganza contra todos en general", según se recoge en la declaración de la edil.
Las dos concejalas se negaron a abordar su imputación ante los medios de comunicación o a explicar sus declaraciones ni antes ni después de responder a la juez María Francisca Justo Vicente.
Gallego fue la primera en cruzar la entrada de la Audiencia Provincial, poco antes de las diez de la mañana y acompañada por un abogado del Concello. Cargaba un lote grueso de documentación. "No hablé antes, no voy a hablar ahora, muchas gracias", se limitó a decir a los periodistas. Una hora y tres cuartos después salió del juzgado con los mismos papeles en las manos. Rechazó hablar de nuevo, aunque dijo que se manifestará "más pronto que tarde" en el transcurso de este caso. Fuentes judiciales añadieron poco más: que Gallego "aclaró" los detalles sobre la denuncia que derivó en la imputación de las ediles.
La juez escuchó contar a la responsable municipal de Hacienda que su relación con la denunciante era cordial, aunque Rosa Gallego añadió que otros funcionarios se habían quejado del trato de la exfuncionaria y que había estado "mucho tiempo" con bajas laborales, de vacaciones o con días libres de varios años. La exempleada pública, añade Gallego, se había manifestado contra ella misma, contra Freire, concejales de anteriores gobiernos y otros trabajadores.
La magistrada preguntó a esta edil por nombramientos en departamentos del Concello, entre ellos de personal de libre designación, para los que se realizaron modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) presuntamente ilegales que fueron recurridas por el sindicato CIG. Gallego explicó que estos cambios no se hicieron para determinados nombramientos, sino para más.
Begoña Freire, visiblemente más nerviosa, compareció ante la juez pasadas las doce y media, después de un descanso en el que coincidió con su compañera de Gobierno municipal, por lo que entró en el juzgado con cierta orientación sobre el interrogatorio al que iba a ser sometida. Como la concejal de Hacienda, no quiso hacer declaraciones ante los medios.
Freire fue preguntada también por su relación con la antigua jefa de Transporte. Negó que no quisiera recibirla en su despacho, aunque la denunciante asegurase lo contrario en correos electrónicos. La responsable municipal de Movilidad también reveló que la exfuncionaria había hecho amenazas si no cobraba una paga extra y que su cese laboral había sido "una decisión administrativa" que la demandante pudo haber recurrido en el momento del despido y no a comienzos de este año.
La demanda por trato degradante va dirigida, según fuentes judiciales, contra un empleado de superior grado que la denunciante, quien ya declaró en febrero pasado, mientras que la de prevaricación se dirige a las ediles imputadas.
Los antecedentes de la presentación de la denuncia son de febrero de 2010, cuando la exjefa de Transporte interpuso una denuncia administrativa por acoso contra un superior. El Concello abrió una información reservada una semana después y tres meses más tarde decidió no incoar expediente al respecto. Año y medio más tarde la empleada fue destituida de su puesto, aunque trabajó hasta el momento de su jubilación en marzo de 2014.
Ya fuera del Ayuntamiento, la mujer presentó su denuncia judicial en julio contra quien había sido su superior y las concejalas Rosa Gallego y Begoña Freire. El juez abrió diligencias en agosto y emitió un auto en diciembre en el que llamó a declarar en febrero de este año al antiguo superior de la funcionaria. Tras esta comparecencia, la denuncia inicial pasó a la Fiscalía, que tras realizar un informe pidió que se citase como imputadas a las dos concejalas populares.
Con el mandato en funciones y agotando su vigencia, el Gobierno del PP tuvo ayer dos citas más en los juzgados, por donde en los últimos cuatro años pasaron el primer teniente de alcalde, Julio Flores, imputado en la rama coruñesa de la operación Pokemon por tráfico de influencias y cohecho, y la edil Ana Fernández como testigo en el juicio por el despido de la socialista Silvia Longueira en la Fundación Luis Seoane.
