Las imputaciones de las ediles del PP Rosa Gallego y Begoña Freire, que declararon este viernes en el juzgado de instrucción número 8 de A Coruña, nacen de una denuncia por prevaricación y trato degradante interpuesta este año por una exfuncionaria que dejó su puesto en el Ayuntamiento en marzo de 2014. Las concejalas atribuyen esa demanda a una venganza de la exempleada pública, según dijo Gallego a la juez. Ambas explicaron su relación con la denunciante y respondieron a cuestiones relacionadas con nombramientos en jefaturas de servicio en los que se pudo haber incurrido en un presunto delito de prevaricación.

La exfuncionaria, que fue jefa de Transportes y trabajó en el Ayuntamiento con los Gobiernos de Francisco Vázquez, el del bipartito y el del PP, recoge en su denuncia que fue degradada en diciembre de 2013, cuatro meses antes de su jubilación, al habérsele asignado un puesto de trabajo con nivel 24 cuando tenía consolidado uno de nivel 28, una resolución que, según la demanda, fue efectuada por Begoña Freire y aprobada por Rosa Gallego, edil de Hacienda y responsable de Personal.

La denuncia también relata que desde el año 2012 Freire "trató por todos los medios" de mantener a la demandante "alejada de cualquier gestión, tramitación y decisión propias del puesto que ocupaba". Acusa además a la concejala de que le instó a abandonar su despacho para que lo ocupara una sustituta y no le comunicó personalmente el cese de su cargo.

Freire y Gallego, de las que, según la denuncia, se infiere que son acusadas de supuesta prevaricación, se negaron a dar explicaciones públicas sobre lo que contaron esta semana a la juez en la Audiencia Provincial. Este periódico pudo saber que Gallego dijo en el interrogatorio que cree que la demanda "obedece a un tema de venganza contra todos en general" y que recibió de otros empleados del Ayuntamiento quejas por el trato que la denunciante les dedicaba.

La declaración de esta edil recoge también que a la exfuncionaria se le asignó otro puesto desde enero de 2014 hasta marzo del mismo año durante una prórroga hasta completar los 35 años de cotización, pero que el cese que originó este cambio no la perjudicó porque mantuvo el nivel laboral y la contribución consolidadas. Añade que se trató de localizarla personalmente para comunicarle el cese y no se logró, por lo que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia y se le entregó en el Concello.

Gallego justificó ante la juez que haberle rebajado el nivel de puesto de trabajo a la denunciante, de 28 a 24, no constituyó ninguna ilegalidad, y recordó que la mujer no llegó a recurrir esa decisión en su momento, sino un año más tarde, cuando ya estaba jubilada.

Begoña Freire, que se negó a responder algunas preguntas relacionadas con intercambios de correos, declaró que nunca rechazó atender a la demandante pese a que esta denunció no haber sido recibida por la edil. Resaltó que ya se había acordado el cese de la antigua funcionaria por razones administrativas y que la mujer no dejó de cobrar una paga extra que temía no percibir.

La declaración de Gallego, que duró una hora y 45 minutos, aludió al nombramiento, a propuesta del director de Movilidad, del jefe del mismo área (cargo que ocupó en principio por una encomienda de funciones), firmado por la propia edil. Para esta designación el Concello modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que el cargo propuesto poseyera un grupo de clasificación A2 (grado medio o diplomado) cuando necesitaba tener A1 (licenciado), aunque Gallego dijo a la juez que la modificación de la RPT se realizó para que todos los A2 pudieran acceder a puestos de jefe de departamento. El cambio se hizo después de la asignación del trabajador a su puesto, no antes.

La imputación de las concejalas del PP se conoció a mediados del mes pasado, poco después de que comenzase la campaña electoral de las municipales. El auto que recogía la imputación no especificaba ningún delito. El candidato popular y alcalde ahora en funciones, Carlos Negreira, predijo que el caso era "meramente administrativo" y que no tendría recorrido.

La exfuncionaria denunciante es además una de las imputadas en la operación Pokemon y ha declarado ante la juez Pilar de Lara por presunto tráfico de influencias.