La Sareb -entidad pública más conocida como banco malo- inició ayer la demolición de los tres inmuebles de la plaza de España que desde hace una década permanecían en estado de total abandono. El derribo de los edificios llega tres meses y medio después de que la Junta de Gobierno municipal diese licencia para llevar a cabo los trabajos.
Aunque inicialmente el Ejecutivo había exigido que se mantuviesen las fachadas principales, catalogadas en el Plan de Especial de Protección y Reforma del Interior de Pescadería y Ciudad Vieja (Pepri) con nivel de protección ambiental, finalmente se dio permiso a la propietaria de los edificios para llevar a cabo un derribo total. La Sareb aseguraba que el estado de las galerías era "irrecuperable" y que los balcones estaban "en mal estado", por lo que propuso desmontar ciertas partes de las fachadas -algunas de ellas de piedra- "para su posterior recuperación".
La asociación vecinal de As Atochas-Monte Alto- A Torre considera la noticia "positiva" aunque critica que finalmente no se haya exigido la conservación de las fachadas. El colectivo reclama al Concello que, en caso de que no se le vaya a dar uso a los solares, se obligue a la Sareb a velar por la "salubridad y la limpieza" del espacio. "No se puede convertir en un espacio insalubre como el de la calle Torre", asegura el presidente de la entidad, Alberte Fernández, que apunta a la "expropiación" del terreno por parte del Concello en caso de que no se cumplan estas condiciones en el futuro.
Los números 29, 30 y 31 de la plaza de España permanecieron desde el año 2007 con un manto de andamios cubriendo sus fachadas, después de que su entonces propietaria, la entidad financiera Caja España, decidiese instalar la estructura metálica al encontrarse los inmuebles "en ruinas". La caja prometía por aquel entonces que el derribo se llevaría a cabo en cuestión de "unos meses", aunque finalmente hubo que esperar ocho años para que se hiciese realidad.
El estado en que se encontraban estos edificios y los andamios generó un fuerte rechazo entre los vecinos del barrio, que llegaron a programar un calendario de manifestaciones para reclamar la retirada de una estructura metálica que, entendían, representaba un peligro para los viandantes y un foco de insalubridad en un punto céntrico de la ciudad.
El plan especial de Ciudad Vieja y Pescadería aprobado de forma definitiva el pasado enero le concede protección de nivel 4, que exige la conservación de sus elementos y características fundamentales. El documento urbanístico señala que esta protección se aplica a edificios de valor arquitectónico sin características singulares pero que proporcionan coherencia arquitectónica tipológica y ambiental a la zona en la que se hallan. Los vecinos habían solicitado la retirada de los andamios pero también la conservación de las fachadas. Los trabajos de demolición, que supondrán una inversión cercana a los 63.000 euros, dejarán libres un espacio de terreno que supera los mil metros cuadrados de superficie.
