El alcalde, Xulio Ferreiro, abogó ayer por una "solución integral y no puntual" para todos los asentamientos chabolistas de la ciudad. "No podemos quedarnos en un mero realojo. Esto tiene que pasar por una solución integral, que contemple una inserción, tanto local como de carácter educativo", indicó el regidor local tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, publicada ayer por LA OPINIÓN, que obliga al Ayuntamiento a desalojar el poblado de A Pasaxe mientras duren las obras de demolición de la nave de La Toja. Los magistrados advierten en el fallo de que el derribo de la estructura, que tiene un expediente de ruina abierto desde 1999, supone "un grave riesgo para las personas".

"En principio no tenemos plazos, la sentencia tampoco los fija", señaló Ferreiro, al tiempo que anunció que el Gobierno municipal iniciará "contactos con todas las partes implicadas para lograr la mediación". Así, informó de que la próxima semana miembros del Ejecutivo local visitarán A Pasaxe para "hablar con los actores". Además, aseguró que intentarán "hablar con la empresa". La inmobiliaria Altramud, propiedad de Juan Carlos Rodríguez Cebrián, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la sentencia de primera instancia que la responsabilizaba del desmantelamiento del asentamiento mientras ejecutase el derrumbe de los restos de la antigua fábrica.

El alto órgano jurisdiccional gallego estimó sus alegaciones y emitió una sentencia, contra la que no cabe recurso, en la que decreta que el Ayuntamiento tiene "la obligación" de desalojar a los residentes en el poblado durante las obras. "Vamos a hacer lo que la ley marca y obliga. No va en contra de lo que teníamos pensado hacer, ya que nuestro programa tenía previsto un plan para dar solución a los asentamientos precarios de la ciudad. Va a ser un trabajo costoso que no se resolverá, probablemente, en un año, y no cambia mucho lo previsto", aseveró Ferreiro.

El grupo municipal del PP destaca el "trabajo" realizado durante los cuatro años que gobernó María Pita e insta a "seguir trabajando" al nuevo Ejecutivo. Los populares recuerdan que de las siete familias del asentamiento con las que trabajaron, consiguieron realojar a cinco, mientras que las otras dos permanecían en el poblado porque ya habían cobrado ayudas del Ayuntamiento y pretendían volverlas a percibir. Además, el PP destaca que diseñó un plan de evacuación de urgencia para los residentes en A Pasaxe.

PSOE y BNG demandan al alcalde que aproveche "la situación" para ofrecer "una solución definitiva a los residentes en A Pasaxe" que pase por la eliminación del asentamiento. El colectivo Arquitectos sin Fronteras, que trabaja desde hace años con los chabolistas, siempre defendió que Servicios Sociales debía hacerse cargo del asunto. "Es necesario realizar una renovación de los equipos que llevaron a la situación que hay ahora porque si no cambias de jugadores, no cambias el estilo de juego. Hay que cambiar criterios, contar con las personas y renovar las políticas. Hace falta formar un equipo potente desde el Concello que tenga unas ideas claras de lo que se va a hacer. Hay que dejar de externalizar algunas cosas para que algunas entidades jueguen a salvar el alma", subrayó Juan Aradas, uno de los voluntarios de la entidad. Arquitectos sin Fronteras, además, advierte de que en el Plan Especial de Integración de Penamoa el Ayuntamiento gastó tres millones de euros y los chabolistas realojados en pisos "siguen siendo dependientes". Y, en As Rañas, según el colectivo, se invirtió un millón de euros "que no se sabe dónde está".

El grupo del PSOE, sin embargo, presume de haber eliminado "los asentamientos de Oleoducto, Casablanca, Orillamar y Penamoa, entre otros". Los socialistas confían en que Marea Atlántica "aproveche la situación" generada por la sentencia emitida por el TSXG para "convertirla en una oportunidad y llevar a cabo la integración de los residentes en A Pasaxe".