La concesión a la planta de tratamiento de residuos de Nostián de una autorización ambiental integrada traerá consecuencias para el Ayuntamiento, ya que este trámite obligará a la administración municipal a sellar el vertedero de rechazos -la basura que no puede ser reciclada- en el plazo máximo de un año desde el día en que se emitió esta resolución, el pasado martes. El anterior Gobierno local había planificado ya el cierre definitivo de ese vertedero, pero con una mayor holgura temporal, ya que preveía iniciar este año las obras con una cantidad simbólica, 50.000 euros, y llevar a cabo la práctica totalidad del proyecto durante 2016, para el que se programaron 3,4 millones de euros.

La llegada del Partido Popular a la Alcaldía supuso además la paralización de esta iniciativa, que había sido presupuestada por el Gobierno de PSOE y BNG en 2011. La excusa utilizada por los populares para el retraso del sellado fueron las auditorías técnica y económica que encargó sobre la actividad de la planta con la promesa de arrojar "luz y taquígrafos" sobre esta concesión, aunque una vez que dispuso de los informes los mantuvo ocultos y solo los hizo públicas después de que LA OPINIÓN desvelase su contenido.

No fue hasta el año 2014 que se recuperó el proyecto en los presupuestos municipales, aunque solo para incluir una cantidad mínima, 50.000 euros, mientras que para 2015 se consignaban 1,9 millones y otros 2 millones para 2016. Pero durante 2014 no se puso en marcha el sellado, al igual que durante la primera mitad de este año, en el que tampoco ha sido licitado, de forma que habría que hacerlo en los próximos meses para comenzarlo antes de que termine el presente año.

Con esa programación, será difícil que el Ayuntamiento cumpla el plazo fijado ahora por la Consellería de Medio Ambiente, por lo que los responsables municipales deberán decidir si adelantan la puesta en marcha del proyecto o si solicitan una prórroga a las autoridades autonómicas. El arranque de los trabajos antes de lo previsto cuenta con el inconveniente de las dificultades económicas que atraviesa el Concello en este momento, que han obligado al Gobierno local a solicitar un crédito de 10 de millones de euros a corto plazo para hacer frente a la falta de liquidez que padecen las arcas municipales.

La autorización ambiental integrada solicitada por la planta de Nostián es consecuencia de la modificación por la Xunta en 2013 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la contaminación y de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que incorporan a la planta de basuras coruñesa a las actividades que regula.

Albada, la empresa concesionaria de las instalaciones, presentó una alegación a la obligación que le imponía la Xunta de que sellase el vertedero de rechazos, para lo que argumentó que esa actividad no figura entre las que debe ejecutar, sino que le corresponde al Ayuntamiento como propietario de las instalaciones, para lo que presentó documentación que lo acredita. Fue entonces cuando la Consellería de Medio Ambiente traspasó esta obligación al Concello, al que impuso el plazo de un año para cumplirla.

La existencia de vertederos de rechazos en el complejo de Nostián es consecuencia del funcionamiento de la planta muy por debajo de las previsiones que habían realizado sus responsables, ya que se reciclaron muchos menos residuos de lo que se había calculado inicialmente a causa de la mala separación en los hogares. Con tan solo un año de actividad, en septiembre de 2001 se agotó el espacio disponible en el primer depósito que existió en el recinto, en el que se acumularon 171.374 toneladas de residuos. Ese vertedero fue sellado, pero su agotamiento dio paso a la apertura de otro de similar capacidad que también se llenó en tan solo un año, por lo que hubo que abrir un tercero con el doble de volumen que se colmató en el año 2007.

Los dos últimos vertederos permanecen sin sellar, lo que incumple la normativa medioambiental, ya que la lluvia caída sobre los residuos originan la salida de líquidos contaminantes, denominados lixiviados, que pueden llegar al entorno. En enero de 2013, los trabajadores de la planta denunciaron la aparición de lixiviados en la cala de Bens que procedían de los vertederos, aunque el Gobierno local negó su existencia y relacionó este anuncio con el conflicto laboral que existía entre los trabajadores y la dirección de la planta.