Las liquidaciones presupuestarias de la Universidade da Coruña reflejan que la Xunta le proporcionó 47,15 millones de euros más de lo que había presupuestado entre los años 2004 y 2013, lo que supone un 4,8% de incremento, aunque en los dos últimos años de los que la institución académica ofrece datos en su web se produjo un vuelco que llevó a un descenso del 2,3%.

De acuerdo con las liquidaciones elaboradas por la propia Universidad, en los presupuestos de la última década se consignaron 927,82 millones de euros como previsión de ingresos de la administración autonómica, pero finalmente esa cantidad ascendió a 974,97 millones. En los años 2012 y 2013, por el contrario, frente a los 193,16 millones presupuestados se ingresaron 188,55 millones, lo que representa una disminución de 4,61 millones.

Un repaso a la trayectoria de esa vía de financiación revela que la cantidad prevista se superó siempre desde 2004, pero que al llegar 2012 se produjo un cambio de tendencia, ya que ese año la Universidad recibió 690.000 euros menos de lo esperado, mientras que al año siguiente la diferencia dio un salto considerable al llegar a 3,92 millones de euros.

Precisamente el de 2012 fue el primer presupuesto elaborado por el equipo rectoral presidido por Xosé Luís Armesto, que resultó elegido a mediados de diciembre de 2011. Ese mes, el Rectorado en funciones decidió prorrogar los presupuestos del año siguiente hasta que los nuevos responsables de la institución elaborasen unos nuevos, de forma que no se viesen condicionados. Pero ya entonces se advirtió de que la planificación económica contaba con un punto de partida, puesto que en 2010 se había aprobado una programación presupuestaria que concluía en 2013.

El Rectorado coruñés asegura que la Xunta debe proporcionarle un millón de euros más que debe devolver a sus trabajadores como parte de la paga extra de 2012 suprimida por el Gobierno central y que los tribunales le obligan ahora a abonar. Una sentencia rechazó ya la pretensión de que la administración autonómica se haga cargo de esa cantidad, a la que según el equipo rectoral deben sumarse 2,8 millones más que según sus cálculos le corresponden de acuerdo con el plan de financiación de las universidades gallegas. El Rectorado presentó una reclamación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por esa cifra, pero posteriormente la incrementó hasta los 8,7 millones de euros tras revisar las aportaciones efectuadas por el Gobierno autonómico desde el año 2011, en las que a su juicio existen diferencias notables con respecto a lo que debería haber recibido.

La postura de la Xunta sobre este conflicto difiere totalmente de la del Rectorado y recibe además el respaldo de las otras dos universidades gallegas, que también rechazan que A Coruña reciba una financiación inferior a la pactada. El Gobierno gallego reprocha además a los responsables universitarios coruñeses que incluyesen en el presupuesto de este año las cantidades que reclama ahora a través de los tribunales, lo que habría causado una insuficiencia financiera que llevó a que se agotaran las reservas con las que contaba la institución académica.

Conversaciones

Tras el enfrentamiento dialéctico que se originó a comienzos del verano, ambas partes iniciaron conversaciones para intentar resolver el problema y dotar a la Universidad de los medios necesarios para que desempeñe su labor durante este curso.

Las dificultades económicas se tradujeron ya en la suspensión de ejecutar nuevos gastos corrientes desde el pasado mes de junio, pero también en medidas que afectan a los estudiantes, que verán reducidas en un 24,5% la cuantía de las becas para formación complementaria durante el próximo curso, cuyo presupuesto total cae a 222.652 euros, cuando la convocatoria realizada el pasado mes de mayo fue de 295.102 euros.

Los 115 alumnos que se beneficiarán de estas ayudas contarán con 180 euros brutos al mes, cuando la cantidad anterior fue de 250 euros.