El cementerio de San Amaro tiene unas veinte mil unidades funerarias, entre tumbas, ceniceros y panteones. Cerca de mil están a punto de volver a manos municipales, después de un exhaustivo proceso de revisión del censo del camposanto en el pasado año. El Concello prevé realizar idénticos trámites con Feáns.
A lo largo de 2014, se realizó un "intenso trabajo", según la memoria del departamento de Medio Ambiente, para poder proceder este año a la declaración de la caducidad de las instalaciones funerarias que revertirán en el Ayuntamiento. En total, el departamento de Cementerios ha localizado hasta 926 nichos cuyos dueños podrían perder la titularidad de la concesión.
La normativa municipal en vigor para los cementerios de San Amaro y de Oza (con solo 800 unidades funerarias y sin posibilidad de ampliación) incluye la posibilidad de declarar caducadas las sepulturas y tener plena disponibilidad sobre ellas en caso de que la construcción esté "en estado ruinoso" o "abandono", esto es, que hayan pasado cinco años desde la última inhumación y que haya cinco años de impago consecutivos de la llamada tasa de cementerios.
Este tributo anual, que realmente grava la vigilancia y la conservación de enterramientos, es de 11,80 euros para los ceniceros; 18,78 para los nichos; 31,78 para las sepulturas subterráneas por cada compartimento; y de 39,01 por cada uno de los compartimentos o sepulturas de los mausoleos o de los panteones.
La declaración de caducidad requiere incoar un expediente administrativo, ya que hay que dar audiencia al que figura como titular del derecho. Si no se conoce su domicilio, se requerirá su presencia a través del Boletín Oficial de la Provincia, con un plazo de treinta días para pronunciarse acerca de las intenciones municipales y ponerse al corriente de sus impagos o proceder a las reparaciones, en el caso de que su falta sea la mala conservación de la instalación funeraria.
Es la Junta de Gobierno Local, siempre y cuando el titular no haya corregido la situación, la que tiene que declarar la caducidad del derecho. Por el momento, ninguna de las 962 concesiones bajo el punto de mira han pasado por este último trámite oficial, después del cual los restos, si los hubiese, serían trasladados al osario para que el Ayuntamiento tomase posesión de la unidad de enterramiento.
El censo funerario de Santa Cecilia de Feáns -inaugurado por Domingos Merino en 1980 y con más de 8.000 unidades- es el siguiente en revisarse. Las concesiones allí son por 35 años, con una prórroga sucesiva de quince años a solicitud de la parte interesada. Pasado el medio siglo, los titulares tienen derecho preferente para volver a tener la concesión sobre otras personas. También puede declararse la caducidad del derecho por impago. Concluida toda la revisión, y como siguiente paso, el departamento de Cementerios tendrá que inventariar y catalogar estas instalaciones desde el punto de vista de su valor de patrimonio histórico y cultural y revisar aquellas que realmente podrán ser reutilizadas, con el objetivo de que no se destruya ninguna sepultura de relevancia para la ciudad, como ya ha pasado.
Cómo se adjudicarán posteriormente es decisión de los responsables municipales. Por ejemplo, en 2003 se cedieron casi dos millares de nichos en San Amaro por sorteo con precio fijado en subasta.
