El Ayuntamiento superpone imágenes de satélite de la ciudad con los planos oficiales del Catastro en busca de edificios sin registrar cuyos propietarios eluden el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esta supervisión de construcciones sin declarar se refuerza con inspecciones por los barrios con el objetivo de detectar no solo inmuebles sin dar de alta en el tributo, sino aquellos que estén mal clasificados, al tener un uso real distinto al que figura en el Catastro. El Ayuntamiento puede exigir con carácter retroactivo a los dueños de las propiedades sin declarar el pago del IBI de los cuatro años anteriores a la inscripción.
En parte gracias a esta campaña de regularización catastral, el Ayuntamiento incrementó el pasado año en un 2% el número de recibos que gira por el IBI, según consta en la memoria del área municipal de Gestión Tributaria para 2014. A efectos de recaudación, el aumento de liquidaciones conllevó un aumento del 6% en el importe del padrón fiscal de este impuesto, la mayor fuente de financiación del Ayuntamiento.
El departamento de Gestión Tributaria cifra en 59,5 millones de euros la suma del importe de los recibos del IBI urbano y rústico que pasó a cobro en 2014. El Ayuntamiento cerró ese ejercicio con unos derechos reconocidos por este tributo de 59,15 millones, un millón menos de la recaudación que había previsto obtener al arrancar el año.
A esa cantidad se suman 2,32 millones por el impuesto de bienes inmuebles de características especiales, que abonan las construcciones destinadas a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, las autopistas de peaje, y los puertos comerciales, entre otras. Fueron, en total, 61,4 millones de euros los que generó el IBI para las arcas municipales, cifra similar a la prevista para este ejercicio.
La regularización catastral a través de imágenes aéreas y de "barridos" por barrios, como los define el Ayuntamiento, constituyen una "herramienta eficaz para detectar construcciones ubicadas en inmuebles clasificados como suelo", informa Gestión Tributaria en su memoria.
El Ayuntamiento comenzó en 2010 una campaña de regularización de propiedades después de que hubiera firmado un convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro un año antes. El anterior Gobierno local se negó a facilitar datos concretos de esa iniciativa y solo trascendió, a principio de 2012, el resultado de los dos primeros años de inspecciones, en los que el Ayuntamiento detectó 8.000 unidades urbanas -viviendas, comercios o garajes- que estaban registrados en el Catastro, hasta elevar el censo a 160.858. En la actualidad, ese padrón, según los datos municipales, ya ha crecido hasta las 166.000 unidades.
