La Audiencia Provincial juzgará a finales de este mes a los siete acusados de participar en el secuestro de un joven en Matogrande porque les debía dinero. Los hechos, según relata la Fiscalía en su escrito de calificación, sucedieron en julio de 2004. Los imputados quedaron con la víctima en una cafetería y la convencieron para que se subiese a al coche de uno de ellos bajo el pretexto de hacer "negocios". Una vez que entró en el vehículo, lo encerraron y lo trasladaron contra su voluntad hasta una vivienda situada en Pontedeume, donde lo sometieron a abusos físicos y psíquicos.
El representante del Ministerio público considera probado en su informe que le metieron un trapo en la boca, lo agredieron y lo amenazaron con un cuchillo y un arma. Después de golpearlo, lo introdujeron en el maletero de un BMW y lo dejaron abandonado tras tener un accidente. El fiscal reclama a la Audiencia que condene a los acusados de cometer un delito de secuestro y falta de lesiones a pagar una indemnización a la víctima de 7.130 euros -6.000 por el daño moral, 800 por la secuela y 330 por los días de incapacidad-.
El perjudicado fue rescatado por agentes de la Guardia Civil al día siguiente del secuestro del maletero de un turismo que conducía uno de los procesados. Los imputados que viajaban en el automóvil lo abandonaron al sufrir un accidente en la A-6, en el término municipal de Baralla, en Lugo. La Fiscalía demanda al tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial para uno de los procesados sea condenado a diez años de prisión; y el resto, a nueve años de cárcel. El Ministerio público, no obstante, ofreció a las defensas llegar a un acuerdo por no menos de seis años de cárcel porque considera que los hechos fueron cometidos con abuso de superioridad por parte de los sospechosos.
El juicio iba a celebrarse el pasado mes de marzo, pero la Audiencia Provincial lo suspendió porque la víctima no recibió la citación que le habían enviado a un domicilio de Madrid en el que supuestamente reside. La vista oral se aplazó sin fecha a petición de uno de los letrados, quien exigió su localización.
El tribunal del alto órgano jurisdiccional provincial deberá tener en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, ya que los hechos sucedieron hace más de once años y el proceso judicial se retrasó por causas ajenas a los sospechosos, que se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 28 de septiembre.
