Las descalificaciones de la Autoridad Portuaria hacia el Gobierno local por su negativa a la venta de los muelles urbanos para financiar las obras del puerto exterior se transformaron ayer en un tono conciliador tras la negociación abierta por la ministra de Fomento con el alcalde sobre este conflicto, aunque también calificó de "muy demagógico" que se considere especulativa esta operación.
"El que la ministra tenga una actitud dialogante, que analice y que vea las posibilidades para poder salvar esa situación me parece magnífico", manifestó el presidente del Puerto, Enrique Losada, quien además se proclamó a favor de "cualquier medida coherente que dé una solución real a este problema, independientemente de quién la plantee", en referencia a la posibilidad de que el Ayuntamiento permita vender suelo portuario si se rebaja la edificabilidad prevista inicialmente.
El rechazo de Marea Atlántica a cumplir el acuerdo de 2004 para conseguir un tercio del coste total del puerto exterior mediante la venta de los muelles de Calvo Sotelo, Batería y petrolero suscitó una reacción contundente de la Autoridad Portuaria, que llegó a amenazar al Concello con la posibilidad de exigir el abono de una indemnización multimillonaria, como figura en el acuerdo firmado hace 11 años en caso de que finalmente no se permita la enajenación de esos terrenos.
Pero, una vez que Ana Pastor se reunió con Xulio Ferreiro y le planteó modificar el volumen de los edificios que se construirían en los muelles cuando dejen de tener uso portuario, Losada modula su discurso y tan solo advierte de que se trata de una "operación compleja" y de que es necesario analizarla "en conjunto", como un recordatorio de que el objetivo de la venta de los terrenos es aliviar la pasada carga financiera que soporta la Autoridad Portuaria a causa de las obras de punta Langosteira.
"Cualquier propuesta, si es buena, no analizas de quién proviene, sino la sustancialidad y a dónde te lleva", llegó a comentar el presidente del Puerto acerca del planteamiento realizado por la ministra de Fomento. Losada aclaró además que las modificaciones que puedan efectuarse en el acuerdo de 2004 deben ser aprobadas "necesariamente" por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, del que confía en que tomará decisiones "de acuerdo con la coherencia de las medidas que se propongan y con independencia de quién las proponga". Pero también admitió que las operaciones de este tipo que superen el volumen de 18 millones de euros deben contar con la autorización del Consejo de Ministros, por lo que será el Gobierno central quien tenga la última palabra en este proceso.
Losada se mostró además contrariado por las críticas que se realizan a la postura del organismo que preside acerca de su pretensión de vender los muelles. "Parece que la Autoridad Portuaria es de alguien privado y nada más lejos de la realidad", para lo que recordó que estas instituciones "se deben y sirven a su entorno", así como que la riqueza que generan "la reparten en su entorno".
Especulación
"Cuando se habla de especulación casi me sonrío, porque me parece absurdo y muy demagógico", manifestó Enrique Losada, para quien con la enajenación de los terrenos portuarios no se intenta "hacer una operación en beneficio de nadie", sino de "salvar una situación de un motor económico de una relevancia como el puerto", para lo que recordó: "Si al puerto le va bien a la ciudad le va bien".
El cambio de actitud del presidente del Puerto se tradujo incluso en su negativa a analizar las consecuencias que tendría que se reclame al Concello la indemnización multimillonaria a la que él mismo había aludido en los últimos días, para lo que se escudó en que se trata solo de una "conjetura extraña". En su opinión es necesario ser "más pragmático", para lo que eludió comentar "propuestas que dejen en mal lugar a la Autoridad Portuaria".
