El presidente de la Asociación de Vecinos de El Ensanche, Gerardo Crespo, no solo reconoció ayer en el juicio haber dicho en 2009 que la Policía Local estaba en "connivencia" con los dueños de las discotecas de la plaza de Vigo, sino que subrayó que está "convencido" de que "algunos funcionarios del 092 o de Urbanismo" estaban compinchados con los propietarios de los after hours. Solo así se explica el dirigente vecinal que durante ocho años hayan "incumplido" la normativa. "Los vecinos llamábamos a la policía porque había música y, al minuto, antes de que llegase la patrulla, la apagaban", aseveró el imputado, para el que la acusación particular, ejercida por la Junta de Personal del Ayuntamiento, reclama una condena de dos años de cárcel y una multa de 10.800 euros por cometer un delito continuado de calumnias con publicidad, así como el pago de una indemnización de 30.000 euros. La Fiscalía considera que Crespo debe ser absuelto y, al finalizar el juicio, solicitó que la acusación particular sea sentenciada a pagar los honorarios del abogado de la defensa, el penalista José Ramón Sierra.

El sospechoso puntualizó que "jamás" tuvo intención de desacreditar a la Policía Local "en su globalidad" y que actuó como presidente de la asociación de residentes en el barrio. "Tenía la obligación y el deber de defender a los vecinos porque había una inseguridad ciudadana muy grande. La gente salía de allí desfasada, veías de todo y rompían con todo, era un escándalo. No se podía salir tranquilo a la calle", relató Crespo, quien sostuvo que el entonces director general de Seguridad Ciudadana, Germán Lago, le reconoció "que había personas que estaban colaborando con el tema". El sospechoso insistió en que era "evidente" que existía connivencia. "Los vecinos veíamos que cuando la policía subía un coche a la grúa de algún cliente, salían los porteros y bajaban el coche sin poner ninguna multa", aseguró. Crespo también negó ante el magistrado de Penal 1 que tuviese un "móvil político" y que su intención fuese "difamar" a la Policía Local. "Los vecinos me llamaron para pedirme ayuda", justificó.

El presidente de la Junta de Personal en el momento en que se interpuso la denuncia, Manuel Aceña, que es policía local, considera que el 092 sufrió un "ataque mediático" originado por Crespo que causó "una gran indignación" en el colectivo. "Nos sentimos indefensos ante sus acusaciones, que tuvieron repercusión incluso a nivel nacional. Fue una carga mediática contra la policía. Se dañó su imagen", dijo.

Tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron al juez la absolución del dirigente vecinal. Las dos partes coincidieron en que para condenar a Crespo por injurias sería necesario que la denuncia la presentase la persona agraviada o su representante legal, que, en este caso, sería el Concello. "Hay una falta de legitimación por parte de la acusación ejercida por la Junta de Personal", arguyó el fiscal, quien subrayó que en este caso se produjo "una colisión entre el derecho a la libertad de expresión y al honor". Además, advirtió que para imponer una condena por un delito de injurias genéricas se exige que haya gravedad. "Tan grave no debe ser porque el Ayuntamiento no ejerció acciones. Estamos ante valoraciones puramente personales", apuntó.

"¿Es que en este país se puede decir cualquier cosa de la Policía Local?, ¿y del Ejército?, ¿y de la Policía Nacional?", preguntó la abogada de la defensa a la sala, al tiempo que matizó que Crespo "quería decir que por culpa de la policía no se cerraban los after", por lo que considera probado que "difamó" a los agentes. La defensa insistió en la "ausencia de legitimación" de la acusación porque debería ejercerla el Concello y recalcó que sus declaraciones sobre la Policía Local están "avaladas por la libertad de expresión". Además, señaló que habría que probar "que no son ciertas".